¿Se convertirá Cuba en un mercado de «vientres solidarios»?


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(Ilustraciones: Alejandro Cañer)

El actual proyecto del Código de las Familias, que en este febrero irá a consulta popular, regula la gestación solidaria, una práctica prohibida en la mayoría de los países y acompañada siempre por polémicas no solo desde la perspectiva bioética, sino también social.

Dentro del movimiento feminista, el debate sobre las técnicas de reproducción asistida ha tenido defensoras y detractoras, ha sido una lucha de tira y encoge en la que nunca se llega a consenso.

En una encuesta realizada a feministas españolas en el año 2019, el 65% veía la gestación subrogada como explotación sobre el cuerpo femenino y el 45% estaba a favor de los vientres solidarios, pero con regulación legal.

No hay acuerdo sobre si se trata de explotación sobre los «cuerpos gestantes», ni queda claro hasta qué punto el Estado es capaz de regular y controlar el mercado de «incubadoras humanas».

El proyecto cubano para el Código de las Familias plantea: «La gestación solidaria tiene lugar cuando una mujer distinta de quien quiere asumir la maternidad, gesta en su útero por motivos altruistas o ajenos a cualquier redistribución monetaria o mercantil, a la hija o el hijo de quien o quienes quieren asumir la maternidad o paternidad».

La inclusión de este derecho en el proyecto, trae varias preguntas de carácter político y económico.

Mujeres, ¿o cuerpos gestantes?

Lo que parece un debate sobre lenguaje siempre es, realmente, detrás de la aparente búsqueda de precisión, un debate político.   

La comisión encargada de redactar el proyecto para el Código de las Familias, puso especial interés en que se definiera que solo podía accederse a la gestación solidaria siempre que no hubiese intercambio monetario o un equivalente. Sin embargo, el artículo sobre este tema especifica que la «gestación solidaria» será posible cuando interviene «una mujer distinta de quien quiere asumir la maternidad».

Aquí hay un par de grandes sesgos. No solo las mujeres podemos ser gestantes y todas no podemos hacerlo. Efectivamente las mujeres cisgénero venimos «equipadas» biológicamente para ser gestantes, pero no somos las únicas mujeres ni somos las únicas personas con útero.

Los hombres trans también podrían ser gestantes y el proyecto no incluye esa posibilidad. Lo otro, lo repito tanto que estoy a punto de tatuármelo: las mujeres trans existen y tienen que ser tomadas en cuenta.

El segundo gran sesgo es que no todas las personas que podrían tener responsabilidad parental sobre un menor gestado a través de vientre solidario, pueden ejercer la maternidad. Algunas de estas personas van a ejercer la paternidad. Parejas de hombres, por ejemplo.

Ver la maternidad como el remanso de cuidados y placer al que debe llegar un bebé trae consigo una costra machista de las peores. La paternidad puede y debe ser responsable, amorosa y de excelente calidad.

Me parece interesante que se haya puesto especial interés en aclarar la definición de gestación solidaria, enunciando que la «lleva a cabo una tercera persona, mujer, distinta de quienes quieren asumir la maternidad o la paternidad, para lo cual aporta el útero, si bien los gametos (óvulo y espermatozoide) le corresponden a quienes quieren ser padre o madre o incluso a una diferente».

«Supone un acto de total entrega, solidaridad, altruismo, respecto a las personas que quieren tener hijas o hijas cuando biológicamente no lo pueden tener», dice además el proyecto de ley.

A pesar de los sesgos de género antes mencionados, falta definir exactamente la actitud altruista y cómo podría verificarse que no media una remuneración económica.

El movimiento feminista por años ha hablado de la las diferencias entre vientres de alquiler, maternidad subrogada y gestación solidaria, porque hay quien ha creído que son sinónimos. En la práctica, cada uno lleva detrás una ideología, una clase social y un posicionamiento moral y ético.

El primero, vientres de alquiler, expone su naturaleza económica y revela una actividad de lucro relacionada con la trata de personas, la explotación de cuerpos gestantes y la precarización y criminalización de personas que, al final de la historia, son solo objetos de un sistema que las utiliza como incubadoras humanas.

El segundo término, maternidad subrogada, ha sido de amplio debate político dentro del movimiento feminista. ¿Hasta dónde se define como madre a alguien que gesta un feto? ¿Se puede ceder la maternidad por el tiempo de gestación? ¿Se debe definir a alguien como madre contra su voluntad?

Son preguntas que parecen simples para quien no conoce a fondo las luchas por los derechos de la mujer, pero que traen consigo la carga simbólica que nos ha sometido por miles de años.

Por todo esto, las expertas en luchas sociales y feminismos definen como término adecuado los de «gestación solidaria» o «vientre subrogado», definiendo que debe ser siempre un acto personal, adecuadamente consensuado entre personas con vínculos afectivos y que, en ningún caso, se puede obligar a la persona gestante a responsabilizarse o a alejarse del menor.

El mercado de «incubadoras humanas»

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se estima que en el 2015 existían en el mundo alrededor de 80 millones de parejas cis-heterosexuales con problemas para concebir. Esto no quiere decir que la totalidad requiera vientres subrogados. Existen múltiples técnicas para la concepción asistida. Claro, ninguna tan polémica como la de «prestar», «alquilar» o «compartir» el útero.

¿Es menos o más moral cobrar por gestar a un feto? ¿Sería mejor aceptado socialmente si lo haces por altruismo y asegurando que te cuesta mucho separarte de eso que salió por tu vagina?

Como mujer feminista, que no desea tener hijes pero que está dispuesta gestar a un feto en sustitución de padres o madres excelentes, tengo opiniones encontradas en ese sentido.

En primer lugar, creo que todo pasa por el consentimiento y por cómo se lleve a cabo el proceso. Convertirte en una persona gestante no te hace antifeminista o una «incubadora humana».

¿Está mal cobrar por ello? Queda a la moralidad de cada cual. En mi opinión depende del acuerdo al que lleguen la persona que gesta y los futuros padres o madres.

Tener una «fábrica de bebés» para vender sin siquiera ser gestante, eso sí te hace una mala persona. ¿Cuál es la diferencia? La autonomía sobre el cuerpo y, obviamente, la legalidad.

Sobre el proyecto de ley cubano tengo una gran duda. No es un secreto para nadie lo poco acertados que pueden ser los órganos del Estado a la hora de hacer cumplir leyes, principalmente si no tienen un matiz político.

Un país que no es capaz de regular coherentemente un mercado que más que negro está vacío, ¿cómo pretende hacer cumplir las regulaciones contra el mercado de vientres subrogados que va a nacer?

En Cuba, de hecho, no es un requisito para adoptar el de tener ciudadanía cubana, y con el nuevo Código de las Familias se incluye por primera vez la posibilidad de dar en adopción a hijes no deseados.

¿Cómo logrará el Estado cubano que no se convierta nuestro país en un mercado internacional de bebés?

Muchos pensarán que no es posible, que hay que demostrar lazos afectivos, pero estamos hablando del país donde se fingen relaciones por años para obtener un visado o se realizan bodas ficticias con toda la familia presente. Entonces, ¿es tan descabellado pensar en que se puede convertir nuestro país en un mercado también de «vientres solidarios»?

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