«Salir con su vestido la marcó muchísimo»: Las condenas de Brenda, una mujer trans que marchó el 11J


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Brenda participó en las protestas de Güira de Melena (Fotos: Cortesía de Ana María García y Facebook)

Ana María García jamás imaginó que a sus 56 años tendría que «llevar jabas» a prisión. Cuando Brenda y Luis Manuel Díaz García fueron detenidos en Güira de Melena el 11 de julio de 2021, creyó que los soltarían a los pocos días.

Sobre Brenda Díaz, conocida como «La Pichu» y quien es una persona transfemenina, pesa una condena de 14 años de privación de libertad, la mitad de su edad actual. Se le acusó de desorden público y de atentado por apedrear tiendas MLC (moneda libremente convertible) durante las manifestaciones.

La mayor preocupación de Ana María es la salud de Brenda.

«Es VIH positiva y padece de gastritis crónica y de cálculos en los riñones. Siempre tiene cólicos nefríticos», explica. Asegura que en estos 9 meses privada de libertad, su hija ha estado hospitalizada 2 veces dentro de la misma prisión y que la atención no ha sido muy buena.

El 11 de julio Brenda se encontraba con algunas amistades en el patio de su casa, en Güira de Melena, cuando sintió la sonadera de calderos en la calle. Salió a ver qué ocurría y enseguida se unió a la multitud que se manifestaba. Era algo insólito. Nunca en su vida había visto una manifestación de ese tipo que no fuera convocada por el gobierno.

«Salió con su cazuela y gritó como toda la gente que protestó aquí en Güira», explica Ana María.

Güira de Melena es un municipio de la provincia Artemisa, de alrededor de 39.000 habitantes que, como casi ninguna localidad, no se quedó indiferente ante el estallido social del domingo 11 de julio. Más bien fue una de las primeras en alzarse, tras la protesta inicial en San Antonio de los Baños.

A la pésima situación económica del país, se habían sumado el recrudecimiento de la epidemia de covid-19, el feroz proceso de reordenamiento económico, la falta de medicinas, alimentos, libertades y derechos políticos, el aumento de la represión, el acoso y criminalización de los activismos, más las acumuladas insatisfacciones con la gestión gubernamental.

La madurez de una sociedad civil con altos deseos de emanciparse y con intereses en una participación política real, una clase trabajadora desmotivada y desmovilizada, sectores de barrios marginados y empobrecidos que tomaron las calles para gritar «libertad», «no tenemos miedo», «tenemos hambre» fueron respondidos con represión.

«La orden de combate está dada», dijo el presidente Miguel Díaz-Canel en la televisión nacional, convocando al «pueblo revolucionario» a enfrentarse a los manifestantes.

Cuando se habla del origen de las protestas antigubernamentales más multitudinarias en 62 años, solo puede hablarse de causas múltiples y desde diversas posiciones políticas, clases y profesiones. De un contexto político y social complejo, que ya no se apacigua con el discurso oficial ni con las constantes justificaciones a su pésima gestión.

Las agendas opositoras al servicio del imperio norteamericano, los «golpes blandos», las «revoluciones de colores y las sanciones económicas, si bien inciden en la situación económica, política y social, no son suficientes. El descontento popular del 11 de julio las excede.

En Güira de Melena algunos manifestantes protestaron frente a la sede del Partido Comunista de Cuba, la unidad de policía y 2 tiendas que venden en MLC (dólares estadounidenses electrónicos) y fueron recibidas con gran descontento por los vecinos desde su inauguración.

Las tiendas MLC son parte de la llamada «Tarea Ordenamiento» que, según las autoridades, corregiría distorsiones de la economía asociadas a la dualidad monetaria. Sin embargo, fue un plan para recaudar divisas durante la pandemia que ha sido calificado de desastroso por varios economistas, intelectuales y analistas políticos cubanos.

La causa principal de descontento es que el MLC es una moneda a la que toda la población no tiene cómo acceder. Para esto dependen de remesas y depósitos en dólares, euros o libras esterlinas en el extranjero. Por tanto, limita el acceso a productos de primera calidad, profundiza las diferencias económicas y sociales y contribuye al empobrecimiento de los sectores ya marginados.

Es por ello que ha sido calificada como un «apartheid económico» y se ha llamado a no tildar de actos vandálicos y robo con fuerza, como hace el gobierno, a lo que ha sido para muchos un acto de justicia reparativa ante tanta escasez y medidas de carácter neoliberal.

Los videos del apedreamiento y saqueo a las tiendas Trasval y El Encanto, de Güira de Melena, se difundieron por las redes sociales. Como todo lo que se subió de las protestas de ese día, fueron virales. La multitud enfurecida exigía el cierre de este tipo de establecimientos al tiempo que arremetía contra ellos.

Fue a través de esos videos y fotos subidos a redes sociales que la policía consiguió identificar a la mayoría de los manifestantes luego detenidos y procesados judicialmente.

Ana María cree que a Brenda la identificaron fácilmente porque «viste de mujer». Según cuenta, hizo lo mismo que el resto de los que fueron a las tiendas y, sin embargo, solamente 33 están pagando por eso. «En todos los videos sale con su vestido. Eso la marcó muchísimo», explica.

En el expediente de Conclusiones Provisionales de la Fiscalía Militar al que Tremenda Nota tuvo acceso, se señala que Brenda, a quien se refiere por su nombre legal y su alias «La Pichu», iba «arropado con un vestido de mujer» incautado durante el proceso de instrucción.

La abogada Deyni Terry Abreu explicó que, en este caso, hacer referencia a la vestimenta es irrelevante, así como la expropiación del vestido, ya que este no constituye una «prueba contundente». Es decir, no era un arma ni un objeto utilizado para cometer los delitos que le atribuyen.

Que en ese expediente aparezca detallada la vestimenta de Brenda y no la del resto de los enjuiciados y que, además, le haya sido incautado el vestido, solo se explican como irrespeto a su identidad de género. Al parecer, lo conciben como un atributo utilizado para burlar o confundir a las autoridades y no como parte de su expresión de género.

Mujeres trans en las protestas del 11 de julio de 2021, La Habana (Video: Tremenda Nota)

«No importa, sufre»

Brenda fue detenida cerca de su casa el mismo 11 de julio, hora y media o dos después de lo ocurrido en las tiendas.

«La policía la vino a buscar, pero ella no estaba. Estábamos regresando para la casa», narra Luis Manuel, su hermano, arrestado también cuando intentaba impedir que la detuvieran.

En el momento de la detención, Luis Manuel tenía 16 años. Fue uno de los 55 menores de edad que el gobierno reconoció haber procesado.

Según Luis, durante el arresto Brenda pidió que le aflojaran las esposas porque le dolían las muñecas, y un policía le respondió: «No importa, sufre».

Ambos fueron llevados al Técnico de Cuatro Caminos, en el municipio de Guanajay, donde permanecieron juntos alrededor de una semana con otros manifestantes. En los interrogatorios a los que fueron sometidos, no exentos de abusos de poder y amenazas, les preguntaban quiénes convocaron a manifestarse y cuánto les habían pagado.

Luis recuerda que desde ese entonces ya a su hermana no tenía una buena atención médica: «Ella llamaba a los guardias porque se sentía mal. Tenía muchos mareos. Y no le hacían caso. Hasta que yo cogí y le caí a piñazos a la puerta. Entonces la sacaron y la llevaron a tomar un medicamento».

A los 18 días, Luis fue liberado con medida cautelar y una multa de 1.000 pesos cubanos. En cambio Brenda, a la semana de estar en el Técnico, fue separada de su hermano y la llevaron al Campamento Reloj Club de Boyeros.

De ahí fue trasladada en los primeros días de agosto a la prisión conocida como «Panamá», en el municipio de Güines, provincia de Mayabeque, donde se encuentra actualmente.

La prisión Panamá era un antiguo Instituto Preuniversitario en el Campo (Ipuec). Cuba, de acuerdo a Statista Research Department de 2021, ocupa el sexto lugar con mayor población carcelaria en el mundo.

Desde el 11 de julio hasta la fecha, el grupo de trabajo Justicia 11J ha registrado la detención de 1.451 personas, de las cuales 752 continúan privadas de libertad, entre ellas 550 han sido juzgadas en juicios ordinarios y sumarios. Absueltos solo han sido 5 de estas personas. Y se sabe que al menos 33, los de Güira de Melena, fueron juzgados por un tribunal militar.

Al parecer, se debe a que las tiendas MLC son consideradas instalaciones militares, ya que pertenecen o están subordinadas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias (Far). Es sabido también que gran parte de las divisas recaudadas en esta moneda son destinadas a los negocios no auditables de las empresas del ejército.

Entre amenazas y testigos falsos denunciados por los familiares, el juicio de Brenda y de los otros 32 se celebró entre los días 7 y 11 de marzo de 2022 en la sala de delitos contra la Seguridad del Estado del Tribuna Municipal de 10 de Octubre, en La Habana. Fueron jornadas de tensión y llanto. Algunas peticiones fiscales aumentaron hasta 27 años de privación de libertad.

A Brenda le pidieron 18 años inicialmente. Estaba acusada de 5 cargos. Su madre se llevaba la mano a la cabeza y daba gritos. «Casi me da una cosa», contó.

La sentencia llegó un mes después, el 8 de abril. A Brenda le retiraron 3 cargos y le rebajaron la pena a 14 años. Un año y 4 meses por desorden público y 14 años por atentado. La sentencia conjunta quedó en 14. Sin embargo, Ana María no entiende cómo es posible que le hayan retirado 3 cargos y solo le hayan bajado 4 años a la condena.

Le sigue pareciendo muy alta e injusta, y advierte que ya son 2 las condenas con las que carga Brenda. «Esta y sus tres enfermedades», explica.

Cuenta que desde que está en prisión ha ido 4 veces a enfermería por causa de los riñones, y en 2 ocasiones ha estado hospitalizada. Asegura que le están dando los antirretrovirales para el tratamiento contra el VIH, pero que la atención médica no es buena ni está llevando la alimentación adecuada.

«Me dice que a veces se mete la madrugada dando gritos para que la llevan a la enfermería, pero la llevan en la mañana. Se pasa las noches enteras con dolores. Siempre está con la gastritis. Desde los 10 años padece de eso. Uno trata de llevarle lo que puede, pero casi todo lo que se le lleva son cosas que no puede comer», refiere.

Cada 15 días Ana María o el padre de Brenda acuden hasta la prisión para la visita. Ana María no sabe hasta cuándo podrá. Cada vez que le toca ir gasta 2.000 pesos solo en transporte.

Aunque asegura que en las visitas Brenda muestra buen estado de ánimo, sabe que lo hace para que ella no llore ni se preocupe: «Ella sabe que yo sufro mucho todo esto, que me pongo mal, me sube la presión. Estamos sufriendo mucho por sus padecimientos y por esos 14 años que le esperan. Ya uno tiene la vida acabada por completo».

Brenda cumplió 28 años de edad en prisión el pasado 29 de enero. Le cuenta cómo es la vida allá dentro a su madre durante las visitas. Le habla del estado de la comida, de la homofobia y la transfobia, de su salud. Recuerda la vida que tenía antes del 11 de julio, sus sueños de dedicarse a la peluquería y la cosmética, la mesa de arreglar uñas que tenía y que está en desuso desde hace 9 meses. Se toca la cabeza y recuerda su pelo.

Apenas ingresó en la prisión, a Brenda la raparon. Cuenta su madre que lloraba mucho: «Le quitaron su mayor sueño, que era su pelo. Lo tenía bien largo. Verse así, pelada tan bajito, casi al rape, es un dolor muy grande».

Dice que no la dejan «vestir de mujer», y aunque hay mujeres también en esa prisión, asegura que Brenda está en la parte de los hombres.

Protestas en Güira de Melena (Video: Facebook)

Mujeres en prisiones para hombres

«Mujeres trans privadas de libertad: la invisibilidad tras los muros», un informe realizado en 2020 por 9 organizaciones defensoras de derechos humanos en América Latina, señala que de los 20 países analizados, solo Argentina cumple todos los estándares internacionales: principio de igualdad y no discriminación por identidad de género, ley de identidad de género y normas para el alojamiento de personas trans en prisiones.

Sin embargo, la existencia de este tipo de leyes por sí mismas no son garantía de nada. En ocasiones, las leyes terminan alimentando al propio sistema carcelario a costa precisamente de las personas a las cuales pretenden asegurar: afrodescendientes, mujeres, disidencias sexuales, inmigrantes.

En numerosos países de la región, aun cuando establezcan en sus leyes el principio de igualdad y de no discriminación por identidad de género, las mujeres trans son llevadas a prisiones de hombres. En el mejor de los casos, a pabellones o áreas aparte dentro de prisiones de hombres.

Son, además, despojadas de los atributos que conforman la construcción de su identidad y expresión de género, como el cabello en el caso de Brenda.

Brenda no es la única persona LGBTIQ+ que participó en las protestas del 11 de julio. Tampoco la única detenida y procesada. Ni siquiera la única persona transfemenina. A las causas que provocaron un estallido a lo largo del país se sumaron los reclamos de una comunidad marginalizada, con garantías y derechos negados e insuficientes, con un empobrecimiento, desempleo y acoso policial agravado específicamente por razones de género, identidad y sexualidad.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha advertido que las personas LGBTIQ+ en prisión enfrentan un mayor riesgo de violencia sexual y de sufrir otros actos de violencia y discriminación, a manos de otras personas privadas de libertad o de carceleros.

Horrorizada, Ana María cuenta que hace unos meses un recluta quiso cortarle la cara a Brenda con una cuchilla. Brenda se defendió como pudo y la llevaron a una celda de castigo. Más tarde, cuando investigaron el incidente y descubrieron que no había sido la culpable, la sacaron y, en su lugar, metieron al agresor. Ana María reza para que no ocurran más incidentes de este tipo.

Ante las reiteradas peticiones de indulto y amnistía por parte de activistas, artistas, grupos opositores y de la sociedad civil, madres y familiares de manifestantes presos, estudiantes y colectivos anticarcelarios, el gobierno recrudece su política ejemplarizante. La orden de escarmentar está dada.

Mel Herrera

Mel Herrera

Escritora y activista

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