Más allá de la fiesta del Orgullo LGBTIQ+: Los derechos que faltan a Brenda Díaz y a otras personas trans privadas de libertad


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Brenda Díaz participó en las manifestaciones ocurridas el 11 de julio de 2021 en Güira de Melena (Fotos: Archivo Tremenda Nota)

Quien se diga socialista, marxista, y no haga un análisis socioclasista de las protestas del 11 de julio de 2021 en Cuba, poco aprendió de sus lecturas, pues más allá de las consabidas mediaciones exteriores, es indudable el peso de la desprotección en la que viven no pocos sujetos, familias y comunidades cubanas.

Por eso realmente quisiera que los presos del 11J fueran liberados. Sin embargo, sé que todos los Estados castigan cuando personas o grupos violentan a otras personas o instituciones, independientemente de los motivos o explicaciones para estos actos.

También en determinadas coyunturas políticas, o por conveniencia, algunos han decidido puntualmente «perdonar». Una amnistía a todos me haría muy feliz y pedirla me parece una acción loable. Exigirla a ultranza no es una opción para mí. Implicaría requerir a un Estado que no se comporte como un Estado. 

Lo que sí es totalmente exigible al Estado cubano, es que esa respuesta al estallido sea transparente y apegada al derecho. Por tanto, las personas privadas de libertad en ningún momento pueden estar privadas de los derechos humanos esenciales que la Constitución reconoce en su artículo 42.

 «Todas las personas son iguales ante la ley, reciben la misma protección y trato de las autoridades y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por razones de sexo, género, orientación sexual, identidad de género», dice rotundamente la ley principal cubana.  

En el artículo 85, además, asume que en el proceso penal cualquier persona tiene derecho a «ser tratada con respeto a su dignidad e integridad física, psíquica y moral», y «a disfrutar de protección para el ejercicio de sus derechos.»

El caso de la manifestante Brenda Díaz ha trascendido en las redes sociales no solo por su condición de manifestante, sino el irrespeto a su identidad de género.

Puede discutirse la cantidad de años imputados por los actos que cometió. Lo que sí no es discutible con ningún argumento, sería la violencia totalmente injustificada de raparla, de utilizar su vestido como prueba del delito, de tratarla en masculino, de interrumpir su remplazo hormonal. La inmensa violencia de enviarla sin mayores protecciones a una cárcel de hombres que la pueden violentar por su identidad de género.

Que Brenda haya tirado piedras o haya robado una tienda, y que eso sea un delito, no justifica que Brenda pague por esos delitos con violencia y discriminación por ser una mujer trans.

Con tantas leyes pendientes, algunas ya reclamadas por colectivos LGBTIQ+, se hace imprescindible que los procesos penales contra personas trans garanticen que sus identidades no sean violentadas ni en la instrucción penal, ni en el juicio, ni en su posterior condena.

También se hace urgente revisar los protocolos de reclusión y buscar alternativas, para que las personas trans no se vean obligadas a convivir con posibles violentadores ni a acatar las reglas binarias de las prisiones como la exigencia del cabello corto.

A la altura de hoy no ha habido ningún pronunciamiento oficial sobre el caso de Brenda y la situación de otras personas trans privadas de libertad, que aclare cómo se están respetando sus derechos humanos y ciudadanos. Este silencio es lamentable.

Brenda se ha hecho visible por el contexto político que la circunda, pero no es un caso aislado. También es cierto que, penosamente, este trato discriminatorio no es exclusivo de Cuba. Todavía son pocos los países que respetan plenamente los derechos de las personas trans en las cárceles. En América Latina la situación es crítica, pero esto no es excusa ni justificación para que en Cuba tampoco sean respetados.

En este 28 de junio, a más de 50 años del enfrentamiento entre la policía norteamericana y la comunidad LGBTIQ+, más allá del colorete y la purpurina que también son necesarios y políticos, se busca que nuestra comunidad piense no solo en los derechos ganados sino en los que nos faltan.

Ojalá lo sucedido con Brenda nos permita trascender el contexto del 11J para llamar la atención sobre la violencia que sufren las personas trans antes, durante y después de los procesos penales.

Si mañana hay una amnistía y se mantiene la violencia contra las personas trans en las prisiones y procesos judiciales no serviría de mucho, pues no implicaría un cambio estructural.

Aunque sea una obviedad no está de más recordarlo: mientras esa violencia exista estaremos bastante lejos de la sociedad justa que queremos, o decimos querer, construir.

Comments (1)

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    Yosvani Malagón Crespo

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    ¿Cómo es que el CENESEX no participa en la denuncia de esta injusticia?

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