Los jubilados de la Revolución


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Foto de Sadiel Mederos Bermúdez. Tremenda Nota

En las escenas finales del filme-poema cubano Suite Habana (2003), del director Fernando Pérez, se relatan los sueños de cada personaje.

El sueño de Francisquito era «subir a las alturas». El de su papá era «no faltarle nunca a Francisquito». El de Norma era «encaminar a Francisquito para que no sea una carga de nadie». El de Waldo, «tener salud para vivir». El de Iván, «actuar en un gran escenario». El de Raquel, «viajar para regresar». El de Heriberto, «ser músico en una orquesta». El del médico Juan Carlos, «ser actor». El de Jorge Luis, «reunir a su familia». El de Julio, «tener cada noche un traje distinto». El de Ernesto, «arreglar la casa para que su mamá viva cómoda y ser un gran bailarín». Amanda, obrera textil retirada, que vendía maní para sobrevivir, ya no tenía sueños. Esa escena de Amanda con los cucuruchos de maní bajo la lluvia, parte el alma.

La reciente decisión del gobierno cubano de establecer la unificación cambiaria en medio de un proceso de redolarización parcial de la economía cubana, vino acompañada de una reforma de salarios y pensiones. Precios y tarifas también fueron «reformados». A este conjunto de medidas se le ha llamado, eufemísticamente, «Tarea Ordenamiento».

El nuevo tipo de cambio unificado se establece en 24 pesos cubanos (CUP) por cada dólar estadounidense (USD), mientras que los salarios aumentarían, como promedio, en 4,9 veces, y las pensiones de jubilación alrededor de 5 veces (aunque ya estaban profundamente deprimidos unos y otras frente al coste de la vida, que se ha incrementado sustancialmente desde la crisis de 1990-93).

La canasta básica de bienes y servicios «de referencia» se ha calculado en mil 528 CUP (sería muy útil conocer en profundidad este cálculo porque sólo se ofreció una información demasiado agregada sobre el costo estimado de bienes y servicios) y a partir de esto se estableció el salario mínimo en 2 mil 100 pesos, que resulta de aplicar al valor de la canasta básica un factor de multiplicación de 1,3 más un 5 por ciento de contribución a la Seguridad Social. Se formuló una escala salarial de 32 niveles, con un valor máximo de 9 mil 510 CUP. Así las cosas, el salario mínimo sería equivalente a 87,50 USD y el máximo a 396,25 USD.

Los montos de las jubilaciones se establecieron en seis niveles, entre mil 528 CUP y mil 733 CUP. Los primeros cinco niveles reajustan las pensiones que estaban entre 280 CUP y 500 CUP. Para quienes recibían una pensión superior a 501 CUP se les estableció un monto de 1 mil 528 CUP más el valor anterior.

Así las cosas, una persona con una pensión de 500 pesos recibirá mil 733 pesos mientras que otra con 501, recibirá 2 mil 029 pesos. De una diferencia de 1 peso se pasa a una diferencia de 296 pesos. La inmensa mayoría de las pensiones quedan por debajo del salario mínimo, a pesar de que una parte de esos pensionados actuales, cuando trabajaban, tenían salarios en torno al salario promedio o incluso salarios altos.

Se ha informado que, como promedio, los precios en el comercio estatal subirán 1,6 veces, mientras que el aumento de los precios en el sector no estatal «solo se permitiría», como promedio, hasta 3 veces. También se anunció un incremento considerable de las tarifas eléctricas, pero días después fueron bajadas por decisión del gobierno ante las protestas expresadas por la ciudadanía.

Según el discurso oficial, la población en general se beneficia de este «ordenamiento» porque sus ingresos aumentan más que los precios o tarifas. Sin embargo, no se está tomando en cuenta que una gama importante de bienes ya se estaba comercializando en las Tiendas Recaudadoras de Divisa (TRD) a precios que estaban muy lejos de las posibilidades de los consumidores cubanos con los niveles de ingresos que obtenían por sus salarios.

En la lógica de los funcionarios, estos precios no se alteran, porque al estar denominados en CUC, simplemente se multiplican por 24. Sin embargo, la realidad es que, aunque no se modifiquen, ya estaban a unos niveles inaccesibles para las personas que viven de sus salarios en alguna empresa estatal o unidad presupuestada.

Por otra parte, la idea peregrina de controlar el mercado a punta de precios topados, ya es un error de partida. Lo único que logra es reforzar la escasez.

En medio de todo esto, quienes llevan la peor parte son los jubilados.

En Cuba existen alrededor de 1,7 millones de jubilados. Algunos de ellos se han recontratado para obtener ingresos adicionales. La mayor parte de los pensionados de hoy han realizado importantes contribuciones al país y asumieron con estoicismo una alta cuota de sacrificio personal. Muchos lucharon en la guerra revolucionaria o en la clandestinidad, otros se incorporaron rápidamente a las tareas que les impuso su tiempo (campaña de alfabetización, sucesivos «trabajos voluntarios» en la agricultura, zafra azucarera y construcciones), padecieron la escasez generalizada de bienes, se abstenían de consumir bien para mejorar el consumo de sus hijos. Deterioraron su salud por una altísima consagración al trabajo y perdieron sueños de vida pospuestos por un ideal que es, en la actualidad, una quimera.

Son los jubilados de la Revolución.

¿Cómo tener un sistema de pensiones sostenible?

Para cualquier economista está claro que el sistema pensional tiene que ser sostenible. Los sistemas privados en América Latina han demostrado su inviabilidad para el pensionado y son un negocio lucrativo para los fondos de pensiones y las aseguradoras.

Sobre estos temas, el profesor Carmelo Mesa-Lago ha escrito muchísimo, y de mucho valor, para que repensemos en Cuba cómo estructurar un sistema pensional adecuado, que realmente dé seguridad a las personas que han dedicado su vida a trabajar y que al mismo tiempo sea sostenible financieramente. El sistema pensional cubano está muy lejos de una y de otra condición.

Sin embargo, tanto desde el punto de vista humano como desde el punto de vista político, es necesario abordar este tema de una forma distinta a como ha hecho el gobierno cubano. Y debe hacerse partiendo de la realidad de un país subdesarrollado, pobre y cuya población envejece como resultado de tres factores principales: 1) el aumento de la expectativa de vida, 2) la disminución de la tasa de natalidad y 3) el aumento de la emigración de la población joven.

El sistema pensional cubano tiene un desfase considerable frente al incremento sostenido del coste de la vida. Desde los años 60’s, cuando los gobernantes cubanos comenzaron a desconocer las leyes económicas, cargaron las pensiones al presupuesto del Estado.

En aquellos años, todos los trabajadores cubanos tenían asignado un salario bruto y percibían directamente un salario neto que resultaba de descontar del salario bruto el aporte a la seguridad social. Por decisión del gobierno cubano, todos los salarios quedaron establecidos en los niveles netos y con ello el sistema pensional empezó a depender del presupuesto.

Cuando, en aquellos años, se eliminaron hasta los presupuestos, los que se pensionaban recibían su dinero directamente del Estado, como resultado de la emisión de papel moneda. Eran los tiempos en los que las finanzas y la contabilidad no importaban. Estas, y muchas otras cosas, fueron reconocidas como errores por Fidel Castro en su Informe Central al Primer Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC) en 1975. Posteriormente se restablecieron los presupuestos, pero no se replanteó profundamente el sistema de pensiones, hasta que nuevamente se establecieron las contribuciones empresariales a la seguridad social.

La crisis de 1990-93 no solo produjo una caída considerable del Producto Interno Bruto (PIB), sino una gran escasez de bienes y de servicios, así como una profunda devaluación del CUP en el mercado negro (sin que se corrigiera el tipo de cambio oficial, lo cual fue un grave error de los gestores de la política económica). La vida se encareció significativamente sin que se rectificaran los salarios ni las pensiones.

En un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la economía cubana en los años 90’s, se calculó que en el mercado informal (donde casi todos los cubanos debían completar sus necesidades más elementales) los precios crecieron, de forma acumulada entre 1990 y 1993, en un 458,2 por ciento. Mientras tanto, los salarios y las pensiones se mantuvieron sin variación.

Años después se hicieron varias reformas salariales y ajustes en las pensiones. De manera general, el valor real del ingreso de las personas en lugar de crecer, descendió, como resultado de un incremento del coste de la vida superior al incremento de los ingresos.

En un interesante trabajo publicado en 2008, en la conocida revista Nueva Sociedad, Mesa-Lago mencionaba que el costo de las pensiones, como proporción del PIB había aumentado en Cuba, entre 1986 y 2006, de un 4,6 por ciento a un 6,3 por ciento del PIB.

En 2019, seguía siendo un 6,3 por ciento del PIB. Por otra parte, la pensión promedio en 2005 era de 179 pesos (equivalente a 9 dólares), mientras que la pensión mínima, de 150 pesos (7,50 USD), la recibían la mitad de los pensionados. Para entonces la suma de gastos relacionados con la canasta de bienes normados en la libreta de abastecimiento, el costo mensual promedio de electricidad, el costo del transporte, los gastos de teléfono y agua, oscilaba entre 60 y 115 pesos, y con lo restante se debían adquirir los demás bienes necesarios en los mercados agrícolas o los servicios, donde los precios excedían claramente sus recursos disponibles.

Es evidente que la situación pensional en Cuba es insostenible, pero también es insostenible la situación económica en general del país, que entre 2010 y 2020, tuvo un crecimiento promedio anual del 0,8 por ciento en el PIB, mientras que entre 2015 y 2020 la variación fue de -0,5 por ciento promedio anual. La razón matemática entre trabajadores activos y pensionados, que Mesa-Lago calculaba que había descendido de 3,7 por ciento a 3,1 por ciento entre 1986 y 2006, en 2019 fue de solo 2,7 por ciento.

Las pensiones actuales son insuficientes e injustas. Han sido niveladas por lo bajo y calculadas a partir de un supuesto valor de la canasta básica que podría ser muy discutible si consideramos las condiciones normales de la vida moderna, que no son las que existen en Cuba.

Es injusto y, además, lejano al ideal del socialismo. Después de trabajar, en muchos casos, más de tres décadas de sus vidas, los jubilados tendrán un ingreso por debajo del salario mínimo del país. Será condenarlos a la pobreza.

Si consideramos el umbral internacional de pobreza que estableció el Banco Mundial en 2 USD diarios, la mayor parte de los jubilados cubanos estarían rozando esa línea (los niveles de pensión inferiores a 501 CUP en 2020, quedarían entre 2,12 y 2,40 USD diarios en las pensiones a partir de 2021). Sin embargo, la realidad es que la tasa de cambio oficial de 24 CUP por un USD ya está muy por debajo de la cotización real de la divisa estadounidense en el mercado subterráneo, lo cual, en la práctica reduce las cifras anteriores, de manera considerable.

Es injusto que profesionales y técnicos cubanos que hoy tienen 70 u 80 años, y que trabajaron más de 30 años con salarios que variaron muy poco en ese tiempo, tengan jubilaciones actuales en niveles mínimos cuando otros que empiezan a jubilarse ahora lo harán con pensiones más altas por el simple hecho de haberse beneficiado de reformas salariales. Y también es injusto que esas personas que lo dieron todo por el proyecto de país que inspiró la Revolución Cubana, tengan que vivir con ingresos inferiores al salario mínimo, que es el que se paga por el menor nivel de complejidad en el trabajo. Esta decisión burocrática está muy cerca del puro «economicismo» y muy lejos de la justicia social.

El sistema actual de pensiones (Ley 105 de Seguridad Social de 2008) establece un régimen general que fija la cuantía de las pensiones ordinarias en el 60 por ciento del promedio de los mejores cinco años entre los últimos 15, más un 2 por ciento por cada año trabajado sobre los 30 que establece la ley.

Muy probablemente, en las condiciones actuales, muchos trabajadores cercanos a su edad de jubilación esperarán a completar cinco años con los niveles de salario actuales (que incluso podrían indexarse de acuerdo al costo de la vida), pero ese no es el caso de los pensionados que superan los 70 u 80 años. Por tanto, para estas personas, los jubilados de la Revolución, se podría establecer un régimen especial que determine el monto de la pensión como el 60 por ciento de lo que ganaría si estuviese trabajando, sin considerar los incrementos del 2 por ciento anual que la ley establece por cada año adicional que supere los 30 años de trabajo.

Ahora bien, ¿cómo puede el Estado incrementar sus ingresos o reducir los gastos para acometer las medidas sociales necesarias que son de su responsabilidad? Resulta necesaria la adopción de las normas correspondientes para estimular el emprendimiento y la creación de empresas de producción y servicios, privadas y cooperativas. Esta medida, aun «en estudio», no se ha adoptado, aunque podría contribuir significativamente a la recuperación de la actividad económica, a la reorganización del mercado de trabajo y del empleo y, además, contribuiría a incrementar los ingresos del presupuesto por medio de impuestos y de contribuciones a la seguridad social.

Además, sería necesario incrementar el porcentaje de descuento de los salarios brutos y de los aportes de las empresas para contribuir al fondo de la seguridad social, realizando los cálculos necesarios para establecer los niveles adecuados de contribución.

Adicionalmente, la aparición de un pujante sector productivo y de servicios no estatal, debería ir acompañada de la racionalización del aparato del Estado, eliminando cargos superfluos que, además de fortalecer la densa burocracia, son una excesiva carga para el erario público.

El presupuesto del Estado debería dejar de asumir el pago de salarios de los funcionarios de organizaciones políticas y sociales, las cuales pueden funcionar de forma autosuficiente y ser pagados directamente por esas organizaciones, como ocurre en cualquier otro lugar del mundo.

Los jubilados de la Revolución, mujeres y hombres que hicieron una contribución significativa a Cuba, con un inmenso sacrificio personal, estimulados por la esperanza de construir un mejor país para las generaciones venideras, merecen ser tratados con justicia y con dignidad, para que puedan recuperar, al menos, algunos de sus sueños.

Mauricio de Miranda

Mauricio de Miranda

Economista cubano. Profesor Pontificia Universidad Javeriana de Cali, Colombia. Tiene un blog donde reflexiona sobre Economía, Política y Relaciones Internacionales (https://mauriciodemiranda.wordpress.com/)

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