Los carretilleros en la mira del gobierno cubano


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Desde que estalló la pandemia Beatriz, una enfermera de 46 años que trabaja en un hospital de la ciudad de Camagüey, al centro de Cuba, ha tenido serios problemas para abastecerse de viandas y hortalizas. La mujer trabaja largas jornadas diarias, seis días a la semana. Es madre soltera y atiende a su padre, un anciano que necesita de cuidados.


Como siempre careció de tiempo para hacer las largas y habituales colas en Cuba o para desplazarse a los mercados agropecuarios estatales a conseguir frutas, verduras y hortalizas, Beatriz compraba los suministros a un carretillero: un cuentapropista o vendedor particular que vendía en su carreta por su barrio.

En Camagüey existen más de 300 carretilleros que abastecen a unos 100 hogares cada uno, lo que representa más del 20 por ciento de la población de la ciudad, según cálculos basados en informaciones oficiales. Pero desde que comenzó a extenderse por Cuba el nuevo coronavirus, el carretillero desapareció y con él la posibilidad de que Beatriz pueda comprar alimentos frescos y a domicilio.

«Conseguir viandas y hortalizas se ha vuelto imposible para mí» ―dice Beatriz, que pidió no ser identificada con su nombre real por temor a represalias.

A raíz de la pandemia, el gobierno de la provincia introdujo medidas para controlar más la distribución de alimentos y, en teoría, evitar precios abusivos y acaparamiento de comida. En realidad, las medidas del gobierno han empeorado la distribución no solo de alimentos, sino de productos básicos importados y han afectado las cadenas de distribución formales e informales.

Los trabajadores privados han denunciado, a lo largo y ancho del país, que el gobierno cada vez endurece más los controles sobre un sector que, aunque minoritario, es clave para la economía.

Vendedores de productos importados aseguraron haber sido sancionados por su actividad, la cual normalmente había sido tolerada. Por su parte, comerciantes de productos agrícolas, que antes podían ejercer sin muchos obstáculos, sufrieron la incautación de mercancías por vender a sobreprecio o por no poder demostrar que habían adquirido sus productos legalmente.

En La Habana, las autoridades de esa provincia anunciaron a mediados de julio que en el transcurso del año se cancelaron las licencias de 281 cuentapropistas, en su mayor parte, dedicados a la venta de alimentos. Esta cifra es considerable teniendo en cuenta que en todo 2019 se emitieron allí 56 licencias para trabajadores autónomos.

En la provincia de Holguín, los carretilleros fueron una de las primeras víctimas de los nuevos controles gubernamentales. Ahora enfrentan más restricciones de las habituales y, ante el temor de ser multados o que se les decomisen sus productos, optaron por dejar de vender.

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Sin ellos, muchos vecinos como Beatriz solo tienen la opción de desplazarse al mercado agropecuario de Hatibonico, de propiedad estatal, el único en la ciudad de Camagüey donde hay productos frescos.

La medida agudizó las largas filas para adquirir los alimentos. En contraste, en otros países se está facilitando la venta a domicilio o por Internet para evitar aglomeraciones de personas y el aumento de contagios.

Cuentapropistas golpeados

La actividad de los carretilleros y otros cuentapropistas siempre se movió en una zona gris. Su trabajo es legal, pero debido a las deficiencias del sistema económico cubano, con frecuencia se ven incentivados a realizar actividades que no son legales, aunque sí toleradas.

Pero un día, con el arribo del nuevo coronavirus, la permisividad terminó y el trabajo se hizo mucho más complicado.

Los carretilleros tienen permiso para acudir a los mercados estatales, comprar allí mismo los alimentos al mismo precio que cualquier otro consumidor y después revenderlos por los barrios con un margen de ganancia máximo del 30 por ciento.

Sin embargo, es común que los carretilleros vendan algunos productos que no está claro si pueden distribuirse legalmente por esa vía. Y también que muchos hagan algo que sí está prohibido expresamente: acudir directamente a comprar sus productos a los productores campesinos, en vez de ir a los mercados estatales.

El recurrir a los campesinos de manera directa para lograr comprar más barato, a precio mayorista, les permite reducir el precio de venta a sus clientes. En la práctica, implicaba la legalización de un mercado mayorista, algo que cuentapropistas y agricultores han reclamado con frecuencia, y que fue tolerado hasta la llegada de la pandemia.

Hace poco amenazaron con castigos a quienes infringieran las normas.

«Todo el transporte que llegue a Camagüey con productos agropecuarios no puede ser vendido en los barrios, tienen que ir hacia el mercado (de Hatibonico), según lo establecido, y allí se procede a la recepción por las cooperativas que tiene los representantes y se vende a los precios convenidos» ―dijo Antonio Delgado, responsable de la Dirección Integral de Supervisión, un organismo provincial que se encarga de hacer cumplir las normas establecidas para las actividades económicas.

«A pesar de tener todos los documentos en regla no podemos comprar directamente a los productores» ―comentó Maikel López, quien lleva ocho años como carretillero―. «Nuestras ofertas no están al alcance de todos los bolsillos, pero aun así los vecinos nos compran».

Las autoridades también restringieron los días y las horas en las que pueden comprar los carretilleros en el mercado agropecuario estatal. El acceso quedó limitado a dos días a la semana y solo de 6:00 a 8:00 de la mañana. Además, se introdujeron nuevos límites a las cantidades de productos que pueden adquirir.

El Consejo de Defensa Provincial dijo que las medidas buscan atender «la necesidad del ordenamiento para que la población tenga más acceso a las viandas y otros frutos menores». Pero solo lograron dificultar la labor de distribución de los alimentos hecha por los carretilleros.

Los vendedores de alimentos son uno de los colectivos más importantes entre los cerca de 600 mil trabajadores por cuenta propia registrados en Cuba (Foto del autor)

Vida de carretillero

«Las medidas del Consejo de Defensa Provincial nos han puesto trabas que hacen imposible nuestro trabajo» ―dijo López, que es de los pocos que aún mantiene su negocio abierto―. «La compra de productos solamente la podemos realizar en el Mercado Estatal Hatibonico porque ahí nos entregan un documento legal que nos avala, para poder trasladarlos sin que los decomisen y nos acusen de acaparamiento».

El mercado se encuentra en una pequeña explanada cerca del río que le da nombre y en su interior acumula estrechas naves de fibrocemento subdivididas que sirven de tarimas a los muchos puestos de venta, pensados, en sus inicios, para el comercio minorista.

Eso hace que se vean obligados a adquirir sus mercancías en los improvisados almacenes o directamente en los camiones que traen los productos, lo que provoca aglomeraciones y colas.

«Además, nos limitan la cantidad que podemos comprar de cada producto» ―dijo López, quien se esfuerza en mantener el surtido para los clientes asiduos de su barrio.

Hace pocos meses, el emprendedor fue sometido a un registro policial donde le decomisaron incluso los alimentos de consumo familiar y lo multaron con 2000 pesos por vender el arroz de un amigo que lo cosecha sin estar afiliado a una cooperativa estatal.

«Si pudiéramos gestionar legalmente los productos directo con los campesinos, nuestros precios bajarían y los alimentos llegarían a la población de forma estable porque el sector privado ha demostrado ser más eficiente que la gestión estatal», dice López mientras pesa un trozo de calabaza para uno de sus clientes.

El eslabón perdido

Sin los carretilleros, los agricultores no tienen más remedio que esperar a que el gobierno compre y pague sus cosechas, algo que con frecuencia se vuelve un trámite lento y difícil.

Esto es un problema para muchas personas que no pueden o temen contagiarse de coronavirus en las colas. Aunque la ciudad cuenta con una amplia red de mercados y placitas estatales administradas por la Organización Superior de Dirección Empresarial de Acopio, el desabastecimiento crónico que los pequeños mercados arrastran por años hace que la población pueda dirigirse solamente a Hatibonico, que es surtido por las cooperativas agropecuarias.

«Yo no puedo trasladarme hasta el mercado estatal, porque a raíz de una trombosis venosa quedé discapacitado, por eso siempre trato de comprar las ensaladas y viandas cuando pasan los carretilleros» ―dijo Amable Casas, ingeniero eléctrico de 63 años que vive con su esposa y que, por ser una persona especialmente expuesta a las complicaciones de la covid-19, se mantiene aislado desde el comienzo de la cuarentena.

«El mercado de Hatibonico está a unos cuatro kilómetros de mi casa, para llegar allá tendría que alquilar un bicitaxi, que como mínimo me cuesta 100 pesos. Eso hace que todo lo que pueda comprar a precio estatal se me quintuplique, por eso nunca me han parecido altos los productos de los carretilleros» ―dice Casas.

El desabastecimiento empuja a los camagüeyanos a la calle en la búsqueda diaria de algo que poner en sus mesas. En toda la ciudad se repiten las escenas de personas que hacen filas a lo largo de cientos de metros, muchas veces controladas por las llamadas «tropas especiales» pertenecientes al Ministerio del Interior, que intentan mantener una distancia segura entre quienes esperan.

«Los productos normados de la canasta básica apenas alcanzan para la primera semana del mes» ―dijo Álvaro Núñez sin levantar la vista de su vieja máquina de coser «Union Special»―. «El Estado nos asigna, por ejemplo, siete libras de arroz mensual por consumidor, y nosotros completábamos con el que podíamos comprar en las carretillas. Pero eso fue antes de que prohibieran su venta con la justificación del coronavirus».

El sustento de Nuñez, de 65 años y con serios problemas cardiovasculares que ocasionaron la amputación de una de sus piernas, depende de la confección de forros para sillines de bicicleta que él mismo hace. Ahora se mantiene en aislamiento para evitar el contagio del covid-19.

«No es la primera vez que el Gobierno le hace la guerra al sector privado justificándose en el bienestar del pueblo, pero al final siempre es el pueblo el que sufre las consecuencias de estas arbitrariedades» ―dijo.

Ricardo Fernández

Ricardo Fernández

Periodista de La Hora de Cuba, residente en Camagüey

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