La ley contra la violencia de género, un debate que empieza en Cuba


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Mariela Castro. Cortesía WashBlade / Michael K. Lavers.

La diputada Mariela Castro Espín, directora del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), declaró este lunes a Cubasí que no se ha decidido si Cuba tendrá una ley específica contra la violencia de género o solo se modificarán otras leyes ya existentes.

«Hay más de 50 leyes en la lista de las que se va a trabajar; a partir de que se creen las comisiones para cada una de ellas, es que se va a decidir si se crea una ley integral para la atención a la violencia contra la mujer o si se incluye en otras leyes, en eso se está trabajando», dijo.

Esta la única respuesta que ha recibido hasta el momento la solicitud realizada al parlamento el 21 de noviembre por cuarenta feministas cubanas.

La carta, firmada por activistas, profesoras, artistas y periodistas, avisó a la presidencia de la Asamblea Nacional que la violencia de género es «un problema medular de la sociedad cubana» ya reconocido por la Constitución de 2019, la Encuesta Nacional sobre Igualdad de Género de 2016 y el Primer Informe Nacional sobre la Implementación de la Agenda 2030, de 2019, donde aparece la primera estadística oficial de los feminicidios ocurridos en Cuba.

«El cotejo del dato cubano con los de otros países en el mismo período muestra que, si bien la tasa de femicidios en Cuba fue baja respecto a países como El Salvador, Honduras, Guatemala, México o Brasil, la misma fue similar o superior a la de Perú, Chile o Panamá», argumentan las feministas.

Con estas cifras a la vista, las solicitantes pidieron al parlamento la elaboración de una Ley Integral contra la Violencia de Género que incluya propuestas de la ciudadanía y un grupo asesor conformado con especialistas procedentes de varias regiones el país y distintos grupos sociales.

La presbítera Rita García es la directora ejecutiva del Centro Cristiano de Reflexión y Diálogo y una de las firmantes de la solicitud.

«Espero que el parlamento reconozca que hay talento e iniciativas importantes en mujeres y hombres que trabajan con y en la sociedad civil cubana, y que sientan la necesidad de asumir la propuesta como representantes de la ciudadanía», comentó a Tremenda Nota.

García, que también es delegada a la Asamblea Municipal del Poder Popular en la ciudad de Cárdenas, al este de La Habana, cree que la solicitud presentada al parlamento «sirve como base al código de familia que, aunque lejos en el calendario, está siendo muy esperado, tenemos que estar preparados y preparadas para ese momento».

El Código de Familia, que debe ser presentado a la ciudadanía y discutido durante 2020, será la ley que finalmente aprobará o no el matrimonio LGBTI en Cuba después de los debates públicos del pasado año sobre el artículo 68 de la Constitución. Tras las presiones de grupos religiosos contrarios a legalizar las uniones de parejas del mismo género, la Asamblea Nacional renunció temporalmente a establecer el matrimonio igualitario con respaldo constitucional.

«Estamos trabajando, de la mejor manera que podemos hacerlo, en los tiempos que corren, y las legislaciones vienen, eso está contemplado, porque está en la Constitución», aseguró Mariela Castro a Cubasí.
La diputada Castro Espín también denunció presuntas campañas en su contra.

«Hay gente que se le activa el chip de la moda y si de Miami hacen una campaña, aquí hay cuatro o cinco que la toman y empiezan los ataques injustos, sin fundamento, con una ignorancia y un desconocimiento profundos, que no nos ayudan a avanzar en la temática», dijo.

Castro Espín se refirió en particular a OnCubaNews, una publicación cubanoamericana que gestiona una redacción en La Habana con autorización del gobierno.

«OnCuba fue la primera en hacer una campaña contra mí, cuando yo dije en un documental que en Cuba no había feminicidio. Sacaron ese pedacito, una periodista cubana en OnCuba; lo pusieron solo, sin los argumentos», dijo.

En noviembre de 2015 Mariela Castro Espín había declarado al diario Tiempo Argentino que en la Isla no ocurrían femicidios. «Porque Cuba no es un país violento, y eso sí es un efecto de la revolución», añadió.

Solo en junio de 2019, el Estado reconoció en un informe oficial que la tasa de feminicidios en Cuba en 2016 había alcanzado las 0,99 fallecidas por cada 100 000 habitantes de género femenino. Aproximadamente 50 mujeres murieron ese año. La solicitud presentada al parlamento por las feministas avisa que estas cifras son insuficientes.

«Al limitar el dato al ámbito de la pareja o expareja, se evitó una definición más amplia que permitiera incluir los casos de Leydi Maura Pacheco Mur (2018), la mujer asesinada en Cienfuegos después de haber sido violada; Tomasa Causse Fabat (Cienfuegos, 2018) y Delia Echeverría Blanc (Santiago de Cuba, 2017), ambas asesinadas por las exparejas de sus hijas, quienes también fueron violentadas», observa la solicitud presentada por las feministas al parlamento.

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