Matar el ejemplo: diez lecciones en tres décadas


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Nadie está seguro. Cualquier profesor o estudiante podría ser expulsado de las universidades cubanas.
Ilustración: Wimar Verdecia

Al menos 49 profesores y estudiantes han sido expulsados de las universidades cubanas en los últimos 30 años. Sin embargo, la cifra aún no se acerca a la realidad, debido al silencio que acompaña a estas injusticias.

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En días recientes, Tremenda Nota publicó el texto «La universidad para los revolucionarios»: Discriminación política en Cuba. En la nota, la periodista Claudia Padrón Cueto registró 30 casos de expulsiones y mencionó otros 19 que ocurrieron en las últimas tres décadas en diferentes universidades del país. Este trabajo, además de su valor documental, permite arribar a una serie de conclusiones sobre lo que ha sido una política de Estado en Cuba, sintetizada en la frase «la Universidad para revolucionarios».  

1- Es una política permanente

Aunque la gráfica solo tiene en cuenta los casos de los últimos 30 años, desde el mismo triunfo de la Revolución de 1959 se han documentado depuraciones a profesores y estudiantes, que luego continuaron con los llamados procesos de profundización de la conciencia revolucionaria. Esta historia anterior, sumada a los 49 casos documentados de una forma u otra en el trabajo, permiten afirmar que no ha existido moratoria en la aplicación de esta política, bajo ningún contexto o circunstancia. 

Llama la atención que una parte importante de las expulsiones coincide con los mandatos presidenciales de Barack Obama —período en que se registraron las mejores relaciones entre Cuba y Estados Unidos— y con la gestión de tres ministros de Educación Superior diferentes: Miguel Díaz-Canel (2009-2012), Rodolfo Alarcón (2012-2016) y José Ramón Saborido (2016).

2- No existen «lugares seguros»

La línea temporal registra expulsiones en 16 centros de educación superior de diferentes provincias del país. Por flexible que parezca una institución y quienes la dirigen en un momento específico, nadie está a salvo cuando lo ponen en el colimador. La discriminación ideológica en Cuba no es asunto de cuadros intermedios, ni de «coyunturas». Es una política de Estado no escrita, un mecanismo de preservación del poder aplicado a nivel micro, que atraviesa transversalmente en tiempo y espacio los últimos 60 años de la historia de Cuba. 

3- Ninguno de los profesores expulsados ganó los procesos de apelación

Cuando uno es víctima de estas arbitrariedades llega a creer que saldrá exonerado en la apelación ante el Órgano de Justicia Laboral, puesto que cuenta con toda la evidencia a favor, incluyendo el apoyo manifiesto de estudiantes y colegas. Pero nunca sucede. Por una parte, es una muestra de las presiones políticas que gravitan en torno a estos casos, y por otra, evidencia que no existe un Estado de Derecho donde los ciudadanos estén protegidos de arbitrariedades y violaciones. El caso de René Fidel González, un profesor de Derecho y exfiscal que recurrió a todos los procedimientos legales, es un paradigma de cuán vulnerables somos todos. 

4- No importan los méritos

Cuando te vuelves políticamente incómodo, nada más importa. En ese caso aplica que «todos somos iguales ante la ley (del más fuerte)». Entre los expulsados hay estudiantes con premios en Olimpiadas Internacionales de Matemáticas, docentes con reconocimiento a su trabajo, jefes de proyectos, autores de libros, doctores en ciencias, profesores titulares. Nada importa.

5- No hay distinción entre profesores y estudiantes

Las expulsiones de profesores se intentan justificar por la influencia que estos pueden ejercer sobre sus alumnos, y las expulsiones de los alumnos en la máxima de que la universidad es para los revolucionarios. A unos y a otros el Estado les viola su derecho constitucional a la libertad de expresión y a no ser discriminados; pero a los últimos les violan especialmente el acceso a una educación que es pública, universal y gratuita, mantenida con los recursos que generan la mayoría de los trabajadores.  

6- Sobran los motivos (para expulsar)

La línea temporal da cuenta de expulsiones por chistes expresados en conversaciones privadas, filmación de documentales sobre el mal estado de instalaciones sanitarias, firma de cartas colectivas, críticas «dentro de la Revolución», no afiliación a organizaciones políticas o laborales, negativa a participar en actos de repudio, ideas contrarias al discurso gubernamental, colaboración con medios de prensa no oficiales, cuestionamientos a Fidel Castro, declaraciones en el extranjero, afiliación a grupos disidentes, oposición abierta al sistema político cubano e incluso vínculo o relaciones con «elementos contrarios al proceso». Es imposible estar a salvo. 

7- Ausencia de garantías para un debido proceso

Muchos de los expulsados fueron víctimas de violaciones de otros derechos como la privacidad de la correspondencia. Los procesos fueron marcados por las presiones de la Seguridad del Estado y por la intromisión de los funcionarios universitarios y las autoridades del Partido a diferentes niveles. A algunos de los expulsados se les negó el derecho de apelación. Incluso, en los casos donde se simuló proceder con mayor transparencia, el resultado siempre fue el mismo y estaba decidido de antemano. 

8- La discriminación es de tipo ideológica, pero sobre todo política

No importa que la persona comulgue con el neoliberalismo o sea un marxista declarado. Ni siquiera es relevante que tenga una posición definida. Al final, quienes expulsan, en la mayoría de los casos, no tienen ideología. Su credo es el no cuestionar, la sumisión acrítica a dictámenes y discursos que pueden cambiar de la noche a la mañana (como ha ocurrido tantas veces) y entonces ellos también mutan inevitablemente. El problema no es que desde el marxismo se critiquen las desviaciones, ni que usando como tribuna el concepto de Revolución se denuncie lo mal hecho. Quien desafía, aunque sea mínimamente, la política establecida o interpela a quienes tienen el derecho de administrarla, es culpable. 

9- El silencio no es una buena estrategia

La mayoría de los casos recogidos en el texto no fueron públicos en su momento. Muchos expulsados decidieron mantener sus nombres con poca difusión por cuestiones de principios, por miedo, por no convertirse en centro de atención, o esperando que esa actitud fuera interpretada como un síntoma positivo que incidiera en la revocación de la sanción. En ningún caso funcionó. Como tampoco funcionó para aquellos que sí decidieron hacer pública su historia. Sin embargo, mientras más oculto permanezca el caso, más crece la magnitud de los atropellos y más se envalentonan los verdugos y los dedos acusadores que se sienten impunes desde la seguridad del anonimato. En un país donde no existe el Estado de Derecho, la opinión pública es el único mecanismo de defensa que queda.

10- Matar el ejemplo

Aunque estos procesos suelen mezclarse con recelos y rencillas personales, lo cierto es que no es la persona el objetivo final, sino su ejemplo. Somos piezas, unas más entre tantas que han estado en la misma situación y que el sistema sabe cómo manejar. Ya sea con una expulsión tajante, con el ofrecimiento de la opción de humillarse y renegar, o con el fusilamiento de la reputación de quien persevera; el objetivo es el mismo: poner una cabeza en la pica. La sanción no es solo para el sujeto sino también para quienes lo rodean; por eso no hay lugar para la justicia ni la absolución. Tiene que haber castigo. Siempre. 

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