Cuba legaliza el espionaje electrónico que ya practicaba


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Cuba. Cacharrero repara celulares en Cuba como cuenta propista.

La vigilancia electrónica es legal en Cuba desde este 18 de noviembre, cuando entró en vigor un decreto-ley que implementa varias técnicas de espionaje usadas hasta el momento sin respaldo jurídico.

La nueva disposición encarga al Fiscal General de la República la facultad de autorizar el espionaje, aunque admite que los investigadores policiales podrían iniciarlo por su cuenta en circunstancias excepcionales, siempre que expliquen las razones que impidieron obtener la aprobación de la fiscalía.
La investigación encubierta, el reclutamiento de colaboradores y las «entregas vigiladas», además de la vigilancia electrónica, son algunas de las técnicas establecidas por el decreto-ley que algunos activistas y periodistas independientes han denunciado, en particular cuando adquiere forma de ciberacoso.
En el texto se define la vigilancia electrónica como «aquella en la que se utilizan medios cuya aplicación proporciona la escucha y grabación de voces, localización y seguimiento, fijaciones fotográficas y filmación de imágenes, intervención de las comunicaciones de cualquier tipo, acceso a sistemas computarizados».

Aunque la disposición garantiza que la información obtenida debe ser destruida si no está relacionada con la investigación en curso, abundan las denuncias sobre la exposición de la vida privada de personas que el gobierno considera parte de la oposición política.

Cuba se une así a una lista de países influyentes, como Estados Unidos, Rusia, Francia y China, que han legalizado la vigilancia electrónica con flexibilidad similar a la que ahora implementa el gobierno de Díaz-Canel.

Un grupo de defensores de animales que protestó recientemente en La Habana, aseguró que sus teléfonos fueron revisados por la Seguridad del Estado sin aviso ni consentimiento.

Según el abogado Eloy Viera, este decreto-ley «legaliza una práctica que había sido usada ilegalmente, pero que ahora podrá reproducirse legítimamente e incorporarse como prueba en procesos judiciales».

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