Empujada y golpeada por ir al baño de mujeres: Vanessa denuncia una agresión transfóbica en Santiago de Cuba


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Vanessa (Foto: Facebook)

El pasado lunes 9 de mayo, Vanessa Sánchez, una joven trans, fue agredida físicamente por un agente de Seguridad que le impedía entrar al baño de mujeres del Bar-Cafetería M´ka en Santiago de Cuba.

«Las veces que yo he ido a esta discoteca siempre he entrado al baño de las mujeres como en cualquier otro lugar. Nunca he sufrido este tipo de discriminación», asegura Vanessa.

Esa misma noche, antes del incidente, entró al baño de mujeres varias veces. La muchacha que lo cuidaba nunca se lo impidió ni expresó incomodidad alguna.

Cuando ya había acabado el espectáculo y permanecía en el local conversando con sus amistades, se dirigió al baño por última vez, y en esta ocasión el agente de la Seguridad le negó el acceso.

«Él no tenía nada que ver con estar cuidando el baño, porque para eso había una muchacha. No me dejaba pasar. Me mandaba para el de los hombres, me ridiculizaba delante de las demás personas que esperaban», relata.

Aunque ella le explicó que siempre había entrado a ese baño, el hombre insistió en impedirle pasar. Le decía que ese no era su baño. Vanessa permaneció en el lugar mientras él controlaba la cola y autorizaba a pasar a las otras mujeres.

«Yo era como una payasa que estaba ahí parada», acota.

Su amigo Marfil, un transformista que se había presentado esa noche en el local, le reclamó al de la Seguridad y le explicó por qué debía dejar a Vanessa utilizar el baño de mujeres. El hombre continuó negándose. No daba explicaciones. Marfil le indicó a Vanessa que entrara. Era su derecho. Cuando la joven entró, el de Seguridad la empujó y abofeteó.

«Me caí al piso del tiro. Mis amistades enseguida salieron en mi defensa, incluso otras personas que no venían conmigo. Le empezaron a reclamar por qué había hecho aquello», cuenta.

Vanessa cree que fue algo personal. Asegura que el hombre la conoce de vista y que en otras ocasiones la ha ofendido en la calle de manera «jaranera», pero dice que al no tener «ese tipo de confianza» con él, lo ha ignorado y seguido de largo.

«Pero como él trabaja ahí y me vio entrar, parece que quiso ridiculizarme delante de todo el mundo», especula.

A día de hoy Vanessa no ha recibido ni un mensaje de los dueños del local. Ni sabe qué ha pasado con el agente de Seguridad que la agredió. Considera que los dueños y trabajadores de ese lugar deben concientizarse y asesorarse más sobre temas de diversidad y de identidades de género, sobre todo si pretenden pasar por «inclusivos».

Ubicado en Enramada esquina a Paseo Alameda, Santiago de Cuba, el Bar-Cafetería M´ka, a decir de Vanessa, es una discoteca que «casi siempre se destina a público hetero». Pero ese día estaba invitado el Proyecto Evoluxion Espectáculo, que abarca presentaciones de transformistas, bailarines, cantantes y artistas, mayormente de la disidencia sexual.

«Yo fui como cliente y cuando tienes un negocio tienes que estar preparado para un público diverso. Y a pesar de que era un show para público de la comunidad LGBTIQ+, yo fui humillada, discriminada y agredida físicamente», señala.

La denuncia que Vanessa hizo a través de una publicación en Facebook muy pronto alcanzó cientos de reacciones y comentarios. Algunos de estos comentarios le resultaron inesperados. Mientras algunos se indignaban por lo que le había ocurrido, otros, la mayoría hombres gays y transformistas, se quejaban de que, por dicha denuncia, podían cerrar el espacio al proyecto y, en general, a la «comunidad».

«A ese lugar no le interesa las fiestas de ese tipo. Les interesa a nivel económico, lucrar con nuestra causa. No hay verdad sensibilización», asevera Vanessa.

Esta estrategia, conocida como «pinkwhashing» o «lavado rosa» ha sido denunciada por activistas de la disidencia a lo largo de la historia del movimiento de los derechos de las personas LGBTIQ+.

Consiste en diseñar una serie de políticas y estrategias de marketing dirigidas a la promoción de países, instituciones, personas, productos, empresas o negocios resaltando su condición de aliados o «LGBTIQ-friendly» para ser percibidos como tolerantes y progresistas.

Luis Alberto Román Torres, el director de Evoluxion Espectáculo, le aseguró a Vanessa a través de un comentario en su publicación en Facebook, que un abogado del proyecto había ido a hacer la queja y que se habían tomado medidas con el agente de la Seguridad.

Vanessa sospecha de que se trata de una mentira para apaciguar el conflicto y la polémica generada por su denuncia en redes sociales. Sabe que lo que más les interesa al director y a los artistas es no desprestigiar el lugar y salvar el espacio que le dieron a Evoluxion Espectáculo. A ella ningún abogado la ha contactado.

Defraudada y con miedo por las reacciones de miembros de la comunidad, decidió borrar la publicación.

Erika Alzola, coordinadora de la red TransCuba en Santiago, se puso en contacto con ella e hizo una publicación en su apoyo. Dijo que Vanessa «fue víctima de un incidente violento y transfóbico» y precisó que se trató de un «hecho que no es nada novedoso».

Al mismo tiempo llamó la atención sobre lo penoso de que algunos miembros de la comunidad LGBTIQ+ atacaran a Vanessa por haber hecho pública la denuncia, ya que «no podemos permitir que estos acontecimientos tengan lugar bajo ningún concepto, no podemos pisotear a personas que reclaman su derecho por el simple hecho que el “lugarcito perro” nos abrió las puertas para hacer el show», e instó a «dejar un poco de lado el dinerito y a tener un poco de empatía por los nuestros».

Por su parte, a Vanessa le recomendó dirigirse a la Asociación de Juristas de Santiago de Cuba. El día que fue no pudieron atenderla, pero le dijeron que fuera este martes 17 de mayo.

«No nos hacen caso, no nos creen»

Vanessa confiesa que no hizo denuncia en la policía porque desconfía de ella. El sentimiento no es extraño. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advierte en su Informe sobre Violencia contra personas LGBTI que muchos casos de violencia «no se denuncian ya que muchas personas, temiendo represalias, no quieren identificarse como LGBT o no confía en la policía o en el sistema judicial».

El Informe sobre Derechos Humanos de las Personas LGBTI en Cuba, elaborado por Alianza Cubana Manos y presentado a la CIDH en 2018, revela que el cuerpo policial es un potencial perpetrador de violencias contra las disidencias sexuales, y detalla que estos tipos de violencia se hacen efectivos fundamentalmente a través de la violencia verbal, simbólica, psicológica y económica.

Parte de la desconfianza o temor de las mujeres trans a acercarse a las autoridades policiales radica a la existencia del «estado peligroso», una medida de seguridad predelictiva utilizada por el Estado cubano para enfrentar los comportamientos que considera contrarios a «la moral socialista», tales como el trabajo sexual, una de las opciones más usadas por las personas trans ante al desempleo.

De igual forma organismos internaciones han identificado un tipo de violencia por omisión, referida a la falta de respuesta policial en contradicción con su rol de garante de los derechos y seguridad de la ciudadanía. Las mujeres trans/travestis y otras corporalidades disidentes, tienen mayores probabilidades de ser revictimizadas cuando acuden a la policía.

Vanessa en el pasado solicitó la intervención policial y siempre le dieron poca importancia a su denuncia. 2 agresiones ha sufrido en las que la policía ha estado muy próxima al incidente y prefirieron ignorarlo.

Cuenta que una vez la asaltaron en plena calle. Justo momentos después pasó una patrulla y explicó a los policías lo que le acababa de pasar, les indicó por dónde se había ido el asaltante, pero no le hicieron caso. En otra ocasión, 3 muchachos le rociaron spray pimienta y salió en busca de ayuda.

«Yo pidiendo auxilio, descalza en la calle porque tuve que dejar los zapatos botados, corriendo, huyendo de los muchachos. Casualmente pasa una patrulla y les cuento. Tampoco hicieron nada», asegura.

Incluso les pidió que la llevaran hasta el cuerpo de guardia del hospital provincial y se negaron. Le dijeron que ella podía llegar por sus propios pies.

«La policía no te da la menor importancia. Ya sea por discriminación o por agresiones, hacer una denuncia es un poco engorroso para las personas trans», dice.

En el momento de detenciones, interceptaciones y cacheos callejeros, al presentar una denuncia o al ser juzgadas, las autoridades policiales y judiciales suelen referirse a las personas trans con pronombres incorrectos o irrespetar su vestimenta y expresión de género, como ocurrió en 2021 con la joven Merlía Somers.

La abogada Karla M. García Crespo en su artículo «Las identidades trans en conflicto con la ley penal: Una mirada desde el sistema judicial cubano», expresa que serían los «prejuicios derivados de un determinismo biológico presente tanto en los juzgadores como en los policías», independientemente de lo que informa la cisnormatividad o la creencia de que todas las personas son cisgénero y que el sexo biológico es inmutable, lo que determina si son hombres o mujeres.

«En consecuencia, estos actores deciden llamar por el nombre legal y utilizar términos (pronombres, sustantivos y adjetivos) para referirse a las personas trans, que expresan un género con el que no se identifican, o incluso convertirlos en objetos de burlas, supeditándolos a una constante humillación y discriminación», explica la experta.

El acto transfóbico sufrido por Vanessa no es aislado. Forma parte de la transfobia enquistada en el tejido social e institucional.

En 2019, Chirly Morenza Vázquez, coordinadora de la red TransCuba en el oriente del país, denunció que el hotel Pernik, de la ciudad de Holguín, en su manual de administración no permitía el acceso de personas trans a su sala de fiestas porque «no coinciden en su apariencia con los documentos legales por lo que ocultan su verdadera identidad», y «no hay condiciones para atenderlos adecuadamente en cuanto a los servicios de baños sanitarios».

En aquel entonces, una declaración del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex) advirtió a los funcionarios del hotel que estaban violando los artículos del texto constitucional que prohíben la discriminación por razones de orientación sexual e identidad de género.

La mayoría de las denuncias por políticas de acceso discriminatorias, involucran a bares, restaurantes y otros negocios privados. La más reciente fue la de Valeria Hernández, una muchacha trans a la cual le negaron el servicio en un salón de belleza por motivos religiosos, ya que allí tenían «principios bíblicos en cuanto a la moralidad».

En la mayoría de estos casos, los responsables se acogen al derecho de admisión, el cual implica que los dueños, empleados y la administración pueden decidir, según algunos criterios, a quiénes se les permite entrar al local o disfrutar de los servicios. Sin embargo, en ningún caso debe ser usado para discriminar por razones de género, raza, orientación sexual, nacionalidad, religión, entre otras.

Actualmente hay una gran discusión en torno a los baños y las personas trans. Mucha gente  considera que las personas trans no deben usar los baños correspondientes al género autopercibido.  

Grupos de feministas radicales transexcluyentes, las llamadas Terfs, además de otros antiderechos y de fundamentalistas religiosos, se han encargado de diseminar bulos y pánicos morales en torno a las mujeres trans para hacerlas ver como pervertidas, invasivas y como amenazas para la seguridad de otras mujeres y niños.

Al no ser reconocidas como mujeres sino como hombres, se les atribuyen las características que el imaginario social y algunas feministas tienen de los hombres. Se les señala de exhibicionistas, acosadoras y de «hombres disfrazados» para abusar de mujeres y niñas en baños públicos.

Muchos de estos bulos antitrans, como el de los «pánicos en el baño», según Julia Serano, son simplemente una versión actualizada de las campañas del pasado que decían que los homosexuales eran abusadores de niños y pedófilos.

Sin embargo, el estudio publicado en la revista de la Academia Estadounidense de Psiquiatría y la Ley, «The transgender bathroom debate at the intersection of politics, law, ethics, and science», de 2018, concluye que: «Desde una perspectiva científica y basada en evidencia, no hay evidencia actual de que otorgar a las personas transgénero acceso a baños correspondientes a su género resulte en un incremento de los delitos sexuales».

Por el contrario, son las personas trans las que sistemáticamente son víctimas de acoso y de agresiones por personas cis en espacios de ese tipo.

Testimonios revelan que al usar baños públicos las personas trans sienten ansiedad, miedo, confusión, y la mayoría opta por no utilizarlos mientras se encuentran en espacios públicos, lo cual puede causar problemas fisiológicos a largo plazo.

Dado que no hay evidencia de que las mujeres trans, o las personas trans en general, representen una amenaza para mujeres y niños en los baños, los grupos antitrans, alerta JuliaSerano, citan «casos anecdóticos de mala conducta sexual real o imaginaria que aparentemente involucre a una persona transgénero», y los convierten en una generalidad.

Esta activista y autora señala que, de ser así, también pudiera aplicarse esta lógica a mujeres cisgénero, dado el número importante de casos de abusos, acoso, coerción y agresión sexual perpetrados por ellas.

Vanessa insiste en que jamás ha percibido siquiera una mirada de rechazo o de incomodidad de parte de mujeres cisgénero cuando comparte baños con ellas.

Aunque espera ser atendida en la Asociación de Juristas, está cada vez más convencida de que tendrá que buscar alternativas a las legales para protegerse de incidentes de ese tipo y de agresores como el suyo. Teme que continúe agrediéndola verbalmente en la calle cuando se la encuentre. Sabe que no la tiene fácil.

«La justicia y la policía con nosotras las trans, es por gusto. No nos hacen caso, no nos creen».

Mel Herrera

Mel Herrera

Escritora y activista

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