El Código de las Familias, una lucha en la que nuestra única ventaja es tener la razón


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(Ilustración: Polari)

Si se aprueba la versión 22 del anteproyecto de Código de las Familias, tal y como está redactada, Cuba por fin entrará en el siglo XXI con una legislación moderna.

El texto contiene muchas de las demandas que por más de una década el activismo LGBTIQ+ estuvo reclamando al Estado cubano: el sempiterno matrimonio igualitario, las «uniones de hecho afectivas», el reconocimiento de las familias homoparentales, la adopción para parejas del mismo sexo y la reproducción asistida como un derecho de las mujeres lesbianas y bisexuales.

Sin embargo, no se queda en esos artículos. Protege además otras realidades como la «multiparentalidad». Esto quiere decir que se reconocería excepcionalmente a familias con 3 padres.

La «mediación» se estrena como una alternativa para la «solución armónica de los conflictos familiares». La «gestación solidaria», los derechos de los «abuelos, abuelas y otros parientes» o la «violencia familiar» son temas ausentes de la ley actual.

Nos encontramos ante un documento obviamente superior al Código de Familia de 1975. Sin embargo, la ausencia de una referencia explícita a las infancias trans en el ámbito familiar o al difícil acceso de las mujeres lesbianas y las madres solteras a la reproducción asistida, nos obliga a no darlo todo por bien encaminado y a continuar visibilizando estas áreas pendientes en la agenda pública.

En el futuro próximo vendrán tensos debates con diversos actores de la sociedad civil.

El tan esperado anteproyecto se inserta en un contexto de crisis política y social en el que no se puede desestimar la influencia de las iglesias fundamentalistas, un obstáculo permanente para cualquier avance progresista, además del conservadurismo de ciertas facciones dentro del Partido Comunista de Cuba (PCC).

Por otra parte, cada vez son más visibles activistas y colectivos procedentes de diversas coordenadas, como el antirracismo, el transfeminismo, los feminismos decolonial/negro/cuir, que exigen al Estado cubano mayor y compromiso con la comunidad LGBTIQ+ y los derechos inscritos en la Constitución de 2019.

Las pasadas discusiones sobre el artículo 68 revelaron, en 2018, las profundas fragmentaciones del consenso nacional y la emergencia de actores políticos, sobre todo religiosos fundamentalistas y conservadores.

Activistas LGBTIQ+ se enfrentaron a una fuerza política bien estructurada, capaz de movilizar a sus feligreses en los espacios públicos y generar contenidos en plataformas digitales para consolidar la hegemonía de una narrativa antiderechos.

Coincidentemente, los medios oficiales reflejaron principalmente opiniones de la población que no apoyaban la definición de matrimonio como «la unión entre dos personas». Tanto los medios como el parlamento ignoraron lo que publicó la Encuesta Nacional Sobre Igualdad de Género, realizada en el 2016: «la mayoría de cubanas y cubanos comprendidos en las edades de 15 a 74 años considera que las personas que tienen relaciones sexuales con otras de su mismo sexo deben tener iguales derechos que las demás».

La Constitución finalmente aprobada por la Asamblea Nacional del Poder Popular suprimió el polémico artículo 68. En su lugar, optaron por un limbo jurídico: «el matrimonio es una institución social y jurídica. Es una de las formas de organización de las familias. Se funda en el libre consentimiento y en la igualdad de derechos, obligaciones y capacidad legal de los cónyuges».

Los legisladores acordaron que la polémica sobre el matrimonio se resolviera en 2 años con un código familiar, ley que sería sometida a consulta popular y posterior referendo. En esa fase nos encontramos.

A duras penas se logró respetar el plazo de 2 años, sin participación ciudadana durante la elaboración de una veintena de borradores que fueron elaborados una comisión sin ningún activista ni persona abiertamente LGBTIQ+.

Sin embargo, las circunstancias que rodean este documento difieren del anterior. Aunque las iglesias no han perdido protagonismo en la arena política, y la reciente decisión de «aplazar» la resolución 16 del Ministerio de Educación lo prueba, la movilidad de activistas ha sido potencialmente superior que hace 2 años.

La campaña Ahora Sí, lideradas por mujeres lesbianas en su mayoría, y el proyecto Les Stickerteadores, colmaron el país de pegatinas con mensajes a favor de un código inclusivo. Estas acciones fueron financiadas con transparencia por la sociedad civil.

Si bien la situación epidemiológica no ha permitido realizar acciones más contundentes, la presencia de voces diversas en las redes sociales y las articulaciones de grupos heterogéneos, reconfiguran el mapa social cubano.

En los próximos meses, hasta la presentación del Código de las Familias en el parlamento, prevista para diciembre, viviremos en una especie de batalla sorda con tantos sectores conservadores.

La discriminación contra la comunidad LGTBIQ+ suele ser proteica, parafraseando a Rogelio Martínez Furé, y acostumbra a esconderse en los intersticios del poder. Las vías que existen para sugerir cambios al Código propuesto, son insuficientes y tampoco permiten tomar el pulso de las discusiones de manera total.

Nos movemos a ciegas hacia un futuro donde hay mucho que perder. De no aprobarse la nueva ley en el referendo previsto, estaremos en un escenario de retrocesos como el que vive República Dominicana.

Las iglesias fundamentalistas han obtenido pequeñas victorias durante estos años. Su discurso parece más consolidado que nunca. Para organizarse también han dispuesto, en muchos casos, de fondos estadounidenses.

El Código de las Familias que entre en vigor para 2022, dependerá de la lucha que estemos dispuestas a dar todas las personas LGBTIQ+ y en particular el activismo, con menos recursos que los conservadores. La razón que tenemos debe compensar la diferencia de fuerzas. Actuemos.

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