Editorial: Derechos humanos a referéndum


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Foto: Yariel Valdés González

Una de las disposiciones transitorias de la nueva Constitución de Cuba anuncia un referéndum popular para aprobar o no otro Código de Familia. Así, el derecho de las personas LGBTI+ a contraer matrimonio quedará sometido a la voluntad popular de la mayoría, a más tardar en 2021.

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En diciembre de 2018, la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba aprobó la versión definitiva de la nueva Carta Magna. Ninguno de los cambios finalmente aceptados (reconocimiento de la propiedad privada, limitación de los mandatos presidenciales o la nueva estructura de los órganos del Estado, entre otros) generó tantos debates como la reescritura del artículo 68 del Proyecto de Constitución de la República de Cuba.

El artículo 68, que definía el matrimonio como la «unión voluntariamente concertada entre dos personas» y abría el camino al matrimonio igualitario en Cuba, fue trastrocado en el artículo 82 de la nueva Carta Magna: «el matrimonio es una institución social y jurídica» que «se funda en el libre consentimiento y en la igualdad de derechos, obligaciones y capacidad legal de los cónyuges».

Si bien la Comisión Redactora de la Carta Magna sustituyó el término «personas» por «cónyuges», el nuevo texto constitucional no retomó la redacción del texto de 1976. El artículo 82 mantiene el camino abierto al matrimonio de dos personas del mismo sexo o género.

Uno de los mayores retrocesos de la nueva Carta Magna con respecto al Proyecto de Constitución presentado a debates populares no estriba en el cambio de un artículo por otro, sino en la disposición transitoria decimoprimera:

«Atendiendo a los resultados de la Consulta Popular realizada, la Asamblea Nacional del Poder Popular dispondrá, en el plazo de dos años de vigencia de la Constitución, iniciar el proceso de consulta popular y referéndum del proyecto de Código de Familia, en el que debe figurar la forma de constituir el matrimonio».

A raíz de los criterios emitidos por la población, el Parlamento cubano prefirió no tomar partido en la discusión sobre el matrimonio igualitario y someter a consulta popular y referéndum un nuevo Código de Familia, en un lapso de dos años posteriores a la entrada en vigor de la nueva Carta Magna.

Aún más simple: el derecho al matrimonio igualitario de las personas LGBTI+ será sometido a referéndum de la mayoría, aunque se trate de una mayoría opuesta a los derechos de las personas no heterosexuales.

¿Cuál será el escenario en 2021? Si la homofobia prevalece en el referéndum, y no llega  aprobarse el matrimonio igualitario, Cuba contará con un Código de Familia inconstitucional, es decir, contrario al artículo 42 de la Carta Magna: «Todas las personas son iguales ante la ley, reciben la misma protección y trato de las autoridades y gozan de los mismos derechos».

En sus redes sociales el Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex) ha llamado varias veces a combatir los prejuicios homofóbicos de la sociedad antes del referéndum del Código de Familia. La institución dirigida por Mariela Castro Espín aboga por el matrimonio igualitario, pero impulsa una Carta Magna que supedita los derechos de las personas LGBTI+ a la opinión de la mayoría.

¿Cómo puede el Cenesex asegurar que las campañas contra el matrimonio igualitario de una parte significativa de la comunidad cristiana de Cuba, o el simple rechazo de un sector de la población a las parejas LGBTI+, no ganarán terreno antes del referéndum? Si las últimas décadas de Revolución, especialmente desde el surgimiento del Cenesex, no alcanzaron para destruir mitos y prejuicios homofóbicos, ¿alcanzarán dos años para girar la balanza?

Al conocer el contenido del artículo 68, e incluso después del cambio de ese artículo por otro, varias iglesias protestantes arreciaron su campaña contra la ideología de género, las familias diversas y el matrimonio igualitario.

Sin embargo, varias veces las autoridades cubanas ―especialmente las fuerzas del Ministerio del Interior― bloquearon las iniciativas de activistas y grupos LGBTI+ de la Isla para responder a las campañas homofóbicas de las iglesias. En octubre de 2018 las autoridades de La Habana negaron el derecho de celebrar una besada pública al Proyecto Abriendo Brechas de Colores, y a principios de 2019 la Seguridad del Estado desmanteló una reunión de activistas y personas LGBTI+ frente a un templo metodista de la capital.

Desde la última sesión del parlamento cubano una duda quedó en el aire: ¿por qué la Comisión Redactora de la Constitución dispuso un referéndum específico para aprobar un nuevo Código de Familia? Como bien recordó a sus compañeros el diputado Luis Ángel Adán Roble, en diciembre de 2018, el Código de Trabajo aprobado en 2013 fue sometido a consulta popular, pero su entrada en vigor dependió exclusivamente del Parlamento. Ninguna autoridad de la Isla indicó que debía ser aprobado por el pueblo mediante el voto directo y secreto.

En definitiva, con la decisión de celebrar el referéndum del Código de Familia, el Estado lavó sus manos. En las sesiones del Parlamento de diciembre de 2018 Raúl Alejandro Palmero, miembro de la Comisión Redactora y Presidente de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU), declaró: «Si se decide que no, se decide que no. Si se decide que sí, se decide que sí. Pero va a ser el pueblo, en última instancia, quien tome la decisión».

Como pocas veces en la historia cubana posterior a enero de 1959, los órganos de poder escucharon el «clamor» popular, aunque fuera un clamor homofóbico. Esa decisión tiró al piso la supuesta voluntad del Estado de garantizar todos los derechos para todas las personas.

Por otro lado, el Cenesex ha promovido que votar No en el referéndum del 24 de febrero significa regresar a la Constitución de 1976. En realidad, ni el Cenesex ni las autoridades electorales cubanas han explicado a la población cuál sería el escenario legal si llegara a prevalecer el No.

Apenas el semanario Vanguardia, órgano oficial del Partido Comunista de Cuba en la provincia de Villa Clara, aseguró que la no ratificación de la nueva Carta Magna «significaría que la anterior Constitución, con más de cuarenta años de existencia, permanezca vigente».

El Gobierno-Estado-Partido ha promovido una campaña de desinformación clave: Si ningún medio o autoridad esboza el panorama posterior al probable rechazo de la Carta Magna, difícilmente el pueblo indagará por esas circunstancias. Si, además, los medios aseguran que votar No significa mantener per saecula saeculorum un texto constitucional antiguo, deficiente y casi ajeno a la actual realidad cubana, el camino está trazado de antemano.

¿De veras la no ratificación de la nueva Carta Magna significa que Cuba abrazará la Constitución del 76? ¿Votar No significa que el pueblo prefiere la Carta Magna de 1976, como induce a creer el Estado, o que está en desacuerdo con la Constitución de 2019?

En un panorama democrático la no ratificación de la Carta Magna implicaría iniciar un nuevo proceso de consultas populares, un nuevo referéndum, hasta lograr una constitución que satisfaga las necesidades y derechos de los cubanos.

En cambio, la gran mayoría del pueblo acudirá a las urnas sometido a la campaña oficial por el Sí, una opción que apela más a las emociones populistas ―el riesgo de regresar al pasado, el peligro de quedar varados en el tiempo― que a la razón. Ni siquiera existe un aparente forcejeo democrático: las vallas, las cuñas publicitarias de la televisión, las pegatinas en ómnibus, postes o vidrieras, solo admiten el .

Pero sea o No, ese día las personas LGBTI+ correrán el peligro de ratificar una Carta Magna que pone sus derechos en manos de otros.

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