Decreto-Ley 370: internet bajo control en Cuba


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Ilustración: Wimar Verdecia

Cuba llegó a destiempo a internet y dejó zonas de libertad que ahora las leyes empiezan a limitar. 

Tremenda-Nota-TN-2018

Mientras el país se debate entre el aumento de salarios y la posible inflación, el Consejo de Estado ha deslizado en la Gaceta Oficial el Decreto-Ley No. 370 de 2018 «Sobre la Informatización de la Sociedad en Cuba», aprobado siete meses antes. 

Aunque resulte positivo en cuanto a ordenamiento, seguridad informática y otros aspectos, las contravenciones y violaciones que señala en su artículo 68, lo ubican entre las principales regulaciones existentes en Cuba que atentan contra la libertad de expresión. Tres son los puntos más preocupantes.

El inciso b) tipifica como contravención «fabricar, comercializar, transferir, instalar equipos y demás dispositivos para brindar, facilitar o recibir servicios asociados a las TIC, sin la correspondiente autorización» y se enfila directamente hacia la ilegalización de redes ciudadanas como SNET, que han subsistido a pesar del control gubernamental.

Aun cuando estas redes han tratado de brindar opciones de colaboración al Estado y poseen estrictas normas para evitar su uso con fines políticos, son vistas con sospecha desde el Gobierno, que desconfía de cualquier forma de asociación y comunicación que escape a su control. 

El inciso f), el siguiente punto polémico, sanciona «hospedar un sitio en servidores ubicados en un país extranjero, que no sea como espejo o réplica del sitio principal en servidores ubicados en territorio nacional». 

El Ministerio de Comunicaciones aclaró en un tuit que esto no aplica a blogs, sitios personales ni informativos, pero muchas personas han manifestado su preocupación ante la redacción del inciso, que se refiere de manera clara a «sitios», sin más especificaciones.

Esta medida, además de atentar contra la libertad de elección y acrecentar las sospechas sobre la vigilancia de contenidos que se practica en Cuba, podría utilizarse contra los medios de comunicación cubanos no estatales, alojados en su totalidad fuera del país, ya que se les niega el reconocimiento legal y la posibilidad de adquirir dominios .cu.

El inciso i), por último, incluso viola lo contenido en el artículo 54 de la Constitución sobre la libertad de expresión, al tipificar como contravención «difundir, a través de las redes públicas de transmisión de datos, información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas». 

Como muchas legislaciones cubanas, está redactado de una manera lo suficientemente ambigua como para aplicarlo discrecionalmente contra quien, cuando convenga. ¿Qué es el interés social? ¿Cuáles son la moral aceptable y las buenas costumbres? ¿Quién lo determina? 

En momentos en que una parte de la sociedad cubana se empodera, emplaza a las autoridades a través de las redes y las emplea como instrumentos para la coordinación de reclamos, la aparición de esta regulación dispara las alarmas en un entorno ya de por sí restrictivo a la libertad  de expresión. 

El lenguaje pacato y moralista con que está redactado este inciso también despierta preocupación en un clima social marcado por el ascenso de fuerzas conservadoras que incluso impulsaron la reescritura del artículo sobre matrimonio igualitario en la nueva Carta Magna.

Quienes incumplan el inciso f) serán sancionados con multas de 1000 pesos y por los otros dos, las penalidades ascienden a los 3000 pesos. Esos valores fueron aprobados en el mismo país donde los conductores en estado de embriaguez son multados con tan solo 300 pesos. Los inspectores designados por el Ministerio de Comunicaciones y las administraciones locales del Poder Popular serán los encargados de aplicar dichas penalidades, que además pueden incluir el decomiso de equipos y medios.  

El Decreto-Ley 370 deja clara su intención política y se acerca peligrosamente a las políticas de control de internet en China, país al cual han viajado recientemente en visitas de trabajo el Ministro de Comunicaciones de Cuba, Jorge Luis Perdomo, y el Secretario del Consejo de Estado, Homero Acosta.

Junto al Decreto 349 y algunos artículos de la nueva Constitución, esta nueva regulación pone en evidencia la lógica política del nuevo gobierno cubano ante la ausencia de liderazgos carismáticos y el empeoramiento de la situación social: «protegerse» jurídicamente con legislaciones restrictivas y violatorias de derechos humanos básicos. 

Hasta ahora una parte de la ciudadanía ha reaccionado en redes sociales expresando su desacuerdo. Otra parte continúa demasiado atareada en su batallar diario por satisfacer las necesidades más elementales, sin chance todavía de preocuparse.

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Comments (1)

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    Alberto Iznaga

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    Espero que ahora disminuyan las recargas,yo por lo menos por evitarles problemas a mi familia,no les recargo mas pues pudieran ser multados por decir que no hay agua en la tuberia o que el pan tenia una cucaracha o que no recogen la basura porque uno de los bueyes que halan del carreton tiene catarata en un ojo y el veterinario esta cumpliendo mision en Madagascar.Asi tambien me ahorro el dinero de la multa

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