Cuba: El Código de las Familias ya es proyecto de ley, pero no revelaron la fecha en que se realizará el referendo

El Código de las Familias, uno de los textos legales que probablemente han tenido más versiones en la historia jurídica de la Revolución Cubana, fue aprobado este martes como proyecto de ley por la Asamblea Nacional del Poder Popular.

Una nota publicada en la web del parlamento, comunicó además que el documento será consultado con la ciudadanía a partir de febrero de 2022 y hasta que concluya abril.

La presentación de la futura ley a los diputados, estuvo a cargo de Oscar Silvera Martínez, ministro de Justicia.

Silvera consideró que el nuevo Código de las Familias es «un proyecto moderno, plural, respetuoso, defensor de todos los derechos para todas las personas».

La diputada Mariela Castro Espín, directora del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), conocida por su polémico activismo LGBTIQ+ al frente de esa institución, dijo que el Código «no quita derechos a nadie, sino que amplía las garantías de los derechos para todos».

«Tenemos la responsabilidad histórica de aprobarlo para consolidar el carácter humanista de la Revolución», insistió Castro Espín, que llamó «una participación consciente» en el referendo que vendrá después de la consulta popular.

La diputada consideró que el proyecto legislativo «contribuye a la erosión del patriarcado como dispositivo de opresión y dominación, a la democratización de las relaciones entre hombres y mujeres y las diferentes generaciones de los grupos familiares».

El líder cubano Raúl Castro no hizo ninguna observación pública sobre el proyecto de ley, aunque asistió a esta sesión del parlamento. Los medios oficiales tampoco reportaron ninguna declaración del presidente Miguel Díaz-Canel, que hace pocos meses recibió en el Palacio de la Revolución a un grupo de activistas vinculados a Cenesex.  

El futuro Código de las Familias propone la legalización de las uniones LGBTIQ+ y el acceso de las parejas beneficiadas a la adopción, la fertilización asistida e incluso a la denominada «gestación solidaria», que permitirá a cualquier mujer tener un hijo para otra persona o pareja, con el requisito de una relación afectiva o familiar previa y sin que medie ningún pago.

El proyecto legal renueva conceptos como el de la «patria potestad» tradicional, que ahora se denominará «responsabilidad parental», y reconoce la validez de los vínculos «socioafectivos» entre las personas, además de los estrictamente biológicos.

Sin embargo, la primera versión pública del texto recibió críticas del activismo LGBTIQ+ y feminista, en particular por no proteger a las personas trans en el ámbito familiar y también por permitir excepcionalmente los matrimonios de menores de 18 años.

Esta última observación fue resuelta por la comisión redactora en la versión 23 del documento, presentada a la presidencia de la República en noviembre pasado. El matrimonio infantil no será permitido en Cuba, ni siquiera en determinados casos. En cambio, las personas trans continuaron ausentes en el texto.

El proyecto de ley fue aprobado por unanimidad y, según el periódico Trabajadores, la discusión de los diputados fue «emotiva y profunda».

La consulta que viene

Alina Balseiro, presidenta del Consejo Electoral Nacional (Cen), ofreció detalles este domingo  sobre la consulta del proyecto de ley a partir de febrero.

La funcionaria informó, ante dos comisiones del parlamento, que el Cen ya determinó 78.000 puntos de reunión en circunscripciones electorales de todo el país para presentar la futura ley a la ciudadanía.

«Se mantienen en las propuestas de los electores las categorías de modificación, adición, eliminación y dudas. Se incluyen las de favorables y otras. En todos los casos se cumplirá el principio de respetar el criterio de los electores y no se establecerán discusiones con los mismos», dijo Balseiro.

En su exposición, la funcionaria aclaró que los electores podrán entregar sus observaciones por escrito o presentarlas verbalmente en las reuniones.

Según Balseiro, a finales de enero realizarán «un ejercicio práctico» para «promover la capacitación de todos los involucrados en las consultas».

Después de «dos cortes informativos» con las propuestas de los electores procesadas por expertos, los resultados de la consulta serán entregados al parlamento en mayo de 2022. Se mantiene la opción de enviar opiniones por correo electrónico a la Asamblea.

Sin embargo, la funcionaria no especificó en qué fecha se celebrará el referendo, previsto en una de las disposiciones transitorias de la Constitución de 2019.

A partir de lo informado hasta ahora, se deduce que los resultados de la consulta popular estarán a disposición del parlamento para hacer nuevas modificaciones al proyecto de ley. Después se realizaría el referendo, una opción que ha sido usada en otros países antes de aprobar el matrimonio LGBTIQ+ y que, en todos los casos, fue criticada por el activismo. Cuba no es la excepción.

«Ni una sola mención explícita a la ciudadanía LGBTIQ+ en la Presentación del #CódigoDeLasFamilias», posteó en Facebook el activista Yadiel Cepero.

Cepero fue el organizador de una protesta frente a la televisión cubana en 2020 después de la censura de un beso gay. También estuvo relacionado con la preparación de la marcha del 11 de mayo de 2019.

«La unidad del pueblo cubano no debe ni puede ser una excusa para limitar derechos a la ciudadanía LGBTIQ+. #HeDicho», también posteó Cepero este martes.

Los activistas se han manifestado inconformes, desde el principio, con los procedimientos usados por las autoridades respecto al Código de las Familias. Hace varios meses, cuando se informó la constitución de la comisión redactora del texto, observaron que no había ninguna persona abiertamente LGBTIQ+ entre sus miembros.

«Falta ver cómo va a quedar después de esa consulta. Sigue siendo el mismo Poncio Pilatos que nos hicieron cuando el 68», dijo en Facebook la activista Yeyé Hernández Molina, una de las gestoras de la campaña Ahora Sí.

El artículo 68 del anteproyecto de Constitución finalmente presentado en 2018, definía el matrimonio como «la unión de dos personas».

El gobierno, presionado por varias iglesias cristianas, según confesó a un medio europeo la propia diputada Mariela Castro, acabó sustituyendo ese concepto por una fórmula vaga que dejaba abierta la puerta para legalizar las uniones LGBTIQ+ sin ser tan específico.

En las sesiones previas al referendo de la Constitución, el parlamento acordó un plazo de 2 años para redactar el Código de las Familias, presentarlo públicamente y convocar a otro referendo. El plazo llegó a su fin.

Las mismas iglesias que combatieron el artículo 68 han estado haciendo declaraciones sobre el matrimonio LGBTIQ+ durante 2021, y con especial énfasis han criticado el programa de educación sexual «con enfoque de género» adoptado en febrero pasado por el Ministerio de Educación.

Después de amenazar con impedir que sus hijos asistieran a las escuelas públicas, estos grupos cristianos consiguieron que el gobierno postergara la implementación del programa.