CIDH condena «disolución» de marcha LGBTI+ no autorizada en Cuba


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Foto: Tomada de Facebook

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión condenaron la «disolución» por parte de la policía política cubana de la marcha LGBTI+ celebrada en La Habana el 11 de mayo de 2019.

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Esta marcha pacífica, iniciativa de la sociedad civil y activistas LGBTI+ independientes, se llevó a cabo después de la cancelación de la Conga contra la Homofobia y la Transfobia, que desde hace 11 años organiza el Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), dirigido por Mariela Castro Espín, diputada al parlamento cubano e hija del expresidente Raúl Castro Ruz.

A principios de mayo, el Cenesex había anunciado que «determinadas circunstancias» no ayudaban al «desarrollo exitoso» de la Conga. «Las nuevas tensiones en el contexto internacional y regional afectan de manera directa e indirecta a nuestro país y tiene impactos tangibles e intangibles en el normal desenvolvimiento de nuestra vida cotidiana y en la implementación de las políticas del Estado cubano», justificó vagamente la institución del Ministerio de Salud Pública para suspender la llamada Conga contra la Homofobia y la Transfobia.

Sin embargo, el 11 de mayo alrededor de 250 personas marcharon a lo largo del  Paseo del Prado, en La Habana, sin autorización del gobierno.

La CIDH confirmó que al menos cinco activistas LGBTI+ y tres periodistas independientes fueron detenidos durante esa jornada por agentes de la Seguridad del Estado. En un comunicado de prensa publicado este 4 de junio la Corte mencionó, además, que el reportero Michael Lavers, corresponsal internacional del periódico Washington Blade, fue impedido de ingresar al país el día 8 de mayo.

Después de la manifestación, disuelta por la policía política cubana antes de alcanzar el Malecón de La Habana, varios de los participantes en la marcha también fueron citados, arrestados o interrogados por la Seguridad del Estado.

Para la CIDH, «el Estado cubano debe adoptar acciones para garantizar el ejercicio del derecho a la reunión pacífica y la libertad de expresión de las personas LGBTI; así como a respetar y garantizar el trabajo de personas defensoras de derechos LGBTI y de los periodistas y comunicadores que cubren protestas y manifestaciones».

«La Comisión considera que resulta en principio inadmisible la penalización per se de las demostraciones en la vía pública cuando se realizan en el marco del derecho a la libertad de expresión y del derecho de reunión», agrega el comunicado de prensa.

Al respecto, la presidenta de la CIDH, comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño, advirtió que «el ejercicio del derecho de reunión a través de la protesta social no debe sujetarse a una autorización por parte de las autoridades ni a requisitos excesivos que dificulten su realización».

Por su parte, Flavia Piovesan, relatora para los Derechos de las Personas LGBTI+ manifestó que «las tradicionales marchas contra la intolerancia que se desarrollan en la mayoría de los países de la región son importantes herramientas para visibilizar sus derechos, contrarrestar estereotipos y demostrar que forman parte de sus sociedades en miras de generar cambios culturales, inclusión y tolerancia».

En cuanto al derecho de reunión pacífica de las personas LGBTI+, la CIDH considera que los Estados deben abstenerse de poner impedimentos excesivos, prejuiciosos y discriminatorios a este tipo de manifestaciones pacíficas. Igualmente se deben fomentar espacios seguros, libres de violencia y discriminación, donde las personas puedan ejercer sus derechos de reunión y libertad de asociación, así como de libertad de expresión, sin miedo a ser atacadas, sancionadas o estigmatizadas.

Respecto a los periodistas y comunicadores que informan en el marco de una manifestación pública, el Relator Especial para la Libertad de Expresión, Edison Lanza, recordó que las autoridades cubanas deben asegurar «las condiciones necesarias para que los y las periodistas puedan cubrir hechos de notorio interés público como los referidos a las protestas sociales. Su material y herramientas de trabajo no deben ser destruidos ni confiscados por las autoridades públicas».

Sin embargo, el Informe Especial sobre la Situación de la Libertad de Expresión en Cuba, presentado a principios de 2019 la CIDH, reconoce que «Cuba se ha mantenido durante décadas entre los países del Hemisferio que exhibe una de las peores situaciones y un ambiente menos propicio para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión».

A pesar de los llamados a respetar el derecho de expresión y asociación, el gobierno cubano justificó la represión de la marcha LGBTI+ alternativa a través de varios voceros de la oficialidad. Mariela Castro Espín aprovechó sus redes sociales y la cobertura del blog oficialista La Pupila Insomne y el espacio informativo Mesa Redonda de la Televisión Cubana para asegurar que la marcha había sido convocada desde Miami y Matanzas (sic). Además, el blog de la Seguridad del Estado Postcuba acusó a los participantes en la marcha de recibir pagos desde el extranjero y justificó, en todos los casos, la represión.

La Organización de Estados Americanos (OEA) y su Corte Interamericana de Derechos Humanos observan las violaciones de derechos en Cuba, pero la Isla no pertenece al sistema de justicia interamericano ni responde a las peticiones o críticas de la CIDH. Aunque Cuba fue expulsada de la OEA en 1962, la CIDH considera que el país está obligado a observar y respetar la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre (sic).

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