Casi el 80 % de los cubanos apoya los derechos LGBTI+: las cifras que nadie mencionó


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Foto: Yariel Valdés González

Con inexplicable retraso, a pocos días del referéndum de la nueva Constitución de Cuba, se publicó un estudio oficial con evidencias estadísticas del respaldo popular a los derechos de las personas LGBTI+. Mariela Castro admitió conocer la encuesta, pero no explicó por qué fue desechada en el debate parlamentario donde se postergó la aprobación del matrimonio igualitario por el presunto rechazo de la mayoría de los electores.

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El artículo 68 del Proyecto de Constitución de la República de Cuba, aprobado el 22 de julio de julio de 2018, cambiaba los términos «hombre» y «mujer» por «personas» y así abría las puertas al matrimonio igualitario en Cuba.

Casi nueve millones de cubanos debatieron el Proyecto en barrios y centros de trabajo y estudio del país. Según las cifras oficiales, el artículo 68 provocó el 24 por ciento de las opiniones y fue el más comentado en los debates populares.

La versión definitiva del documento, aprobada en diciembre por la Asamblea Nacional, acabó suprimiendo el artículo 68. El matrimonio, trasladado al artículo 82, se define ahora como «una institución social y jurídica que se funda en el libre consentimiento y en la igualdad de derechos, obligaciones y capacidad legal de los cónyuges».

Sin embargo, en una polémica disposición transitoria el texto constitucional establece la celebración de una consulta para la aprobación del Código de Familia ―el documento donde debe quedar especificada «la forma de constituir el matrimonio»― y la consiguiente convocatoria de otro referéndum popular que pondría los derechos LGBTI+ en manos de la mayoría.

El 15 de febrero de 2019, a nueve días del referéndum, la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI) publicó en su página web la Encuesta Nacional Sobre Igualdad de Género en Cuba. Realizada por el Centro de Estudios de la Mujer y el Centro de Estudios de Población y Desarrollo de la ONEI en 2016, la investigación refleja que el 77 por ciento de la población cubana entre 15 y 74 años considera que las personas que tienen relaciones sexuales con otras de su mismo sexo deben tener iguales derechos que las heterosexuales.

La encuesta, que podría haber matizado la opinión generalizada de que la mayor parte de la población aún era demasiado homofóbica y «que no estaba lista» para «otorgar» este derecho, no fue publicitada en los medios de prensa durante los debates populares. Tampoco fue mencionada en el Parlamento cuando se discutía el artículo 68 y los derechos de las personas LGBTI+.

En su rol de diputada la directora del Centro Nacional de Educación Sexual Mariela Castro Espín dijo a esta reportera que conocía los resultados de la encuesta y que ella misma los había compartido en su perfil de Facebook en el pasado, pero no explicó por qué no se usaron para defender y garantizar los derechos de los grupos LGBTI+ en el contexto de la reforma constitucional. Al preguntarle por qué los medios de comunicación públicos no emplearon los resultados de la encuesta, la diputada solo apuntó que la prensa cubana había abordado con anterioridad esta investigación.

Castro Espín se refiere a algunas notas publicadas en 2017. En ese entonces los medios mencionaron algunas cifras sobre la violencia machista, pero no se refirieron a la percepción de los grupos LGBTI+. La población cubana en general no conoció el estudio, al que solo se pudo acceder desde el sitio web de la ONEI hace una semana.

En resumen, casi dos años después de su culminación y en medio de un contexto decisivo para la legalización de derechos de las personas LGBTI+, la encuesta sigue siendo prácticamente desconocida en el país.

El diputado y activista Luis Ángel Adan Roble, consultado por esta reportera, confirmó que el Parlamento no tomó en consideración las cifras aportadas por el estudio. A diferencia de Castro Espín, Adan Roble desconocía la existencia de la encuesta. «Fue una herramienta desaprovechada que ahora solo podemos usar en el próximo referéndum», dijo, en alusión a la consulta proyectada dentro de dos años para el Código de Familia.

El diputado criticó la metodología que sirvió para evaluar el resultado de los recientes debates populares. Adan Roble cree que solo se valoraron los comentarios contra el matrimonio igualitario (menos de la cuarta parte de todos los planteamientos emitidos durante la consulta). «Los que estaban a favor, que fueron un número muy superior, no se contemplaron», declaró.

Teresa Amarelle Boué, Secretaria General de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), hizo la misma apreciación durante las sesiones parlamentarias de diciembre de 2018. «Un 24 por ciento no es mayoría, si eso fuera en un informe de funcionamiento diríamos “solo el 24 por ciento”», explicó.

Homero Acosta, Secretario del Consejo de Estado, admitió que la consulta deja cierta incertidumbre porque «no se votaba a favor o no de un artículo». La Asamblea tampoco explicó qué cantidad de opiniones serían necesarias para la modificación de un artículo.

La diversidad de opiniones sobre el matrimonio igualitario fue usada por el Parlamento como pretexto para justificar la celebración de un segundo referéndum, en el plazo de dos años posteriores a la entrada en vigor de la nueva Constitución.

Esta fórmula democrática que somete a votación los derechos humanos de un grupo de personas no fue practicada en Cuba con los derechos de las mujeres o de las personas negras. En 2014, cuando el Parlamento aprobó el Código de Trabajo después de varios meses de debate popular, tampoco se dispuso la celebración de un referéndum, aunque miles de trabajadores se quejaron por el aumento de la edad de jubilación.

Otros artículos, además del 68, también recibieron numerosas sugerencias de modificación durante los debates populares. Más de 11 000 personas pidieron cambiar, por ejemplo, la forma de elección del presidente, pero no se valoró la modificación de ese artículo, ni se llamó a segundas votaciones.

«Este es un ejercicio democrático que le dará más legitimidad a estos derechos y, como proceso, es educativo», dijo la diputada Castro Espín sobre el panorama legal para aprobar un nuevo Código de Familia. La directora del Cenesex aseguró que «es pertinente» aceptar la celebración de un segundo referéndum, pese a que el Estado tiene la obligación de garantizar todos los derechos para todas las personas.

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Claudia Padrón Cueto

Claudia Padrón Cueto

Nació en Pinar del Río en los años 90 pero ha eligido para vivir La Habana y su caos. Es incapaz de llegar a algún lugar sin perderse antes. Rompe con un par de estereotipos de lo que se espera de una persona cubana: nunca ha bebido café y no le gusta la salsa. Es periodista porque no ha sabido, ni querido, ser indiferente a las demás personas. Y porque cree que aún queda demasiado por mostrar. Tiene la romántica idea de quedarse para contar su país.

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