Activistas LGBTIQ+ independientes debaten el proyecto de Código de las Familias


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Debate del Código de las Familias organizado por Ahora Sí (Fotos: Nelson Álvarez Mairata)

Este 12 de febrero, activistas independientes de la comunidad LGBTIQ+ invitaron a la ciudadanía a debatir el proyecto de Código de las Familias con el propósito de aclarar cualquier duda sobre los contenidos del texto legal. 

Con la presencia de expertos y de alrededor de 50 participantes, el encuentro se celebró en el Bazar ArteSano, de La Habana, y fue organizado por la campaña Ahora Sí, un grupo que viene abogando por la aprobación del Código de las Familias desde mediados de 2021. 

 «Esto es un evento para acercarnos a la gente y viceversa», comentó para Tremenda Nota una de las activistas y coordinadoras del evento, la activista Nere River. 

«Queremos conversar, debatir las ideas que más están dando de qué hablar en las redes sociales y en las consultas populares que se han estado haciendo. Repartir un poco de materiales como flyers y stickers», añadió. 

El evento es el primero de carácter público que convoca Ahora Sí desde que comenzó la consulta popular previa al referendo en el que la ciudadanía aprobará o rechazará el proyecto de ley. 

La actividad contó con la colaboración de la tienda virtual «Alien Cuba», que ofreció gratuitamente souvenirs LGBTIQ+, y del librero Alejandro Mainegra, gestor del proyecto «La Tertulia», una librería privada de La Habana que está regalando copias del Código de las Familias. 

Uno de los temas más debatidos en la cita, como en las redes sociales, fue el cambio del concepto de «patria potestad», vigente en la ley cubana, por el de «responsabilidad parental», más actualizado y acorde con la Convención sobre los Derechos del Niño. 

«Creo que se debe principalmente a  un pánico generado a partir de la manipulación que involucra a los niños. Sobre todo por parte de la sociedad cubana más fundamentalista y conservadora», explicó Nere. 

«El tema de la niñez y  la adolescencia siempre son muy emotivos. Tras de eso hay un trasfondo homofóbico sobre todo con la “Resolución No. 16 del 2021 del Ministerio de Educación sobre de la Implementación en la educación del estudio de la sexualidad con enfoque de género”», dijo también.

La activista Massy Carram comentó al público presente que «la campaña por el “no” se debe, muy en parte, a una histeria colectiva». 

«He escuchado criterios de todo tipo: “No voy a votar a favor del Código porque no quiero legitimar al Estado”. “No voto a favor del Código porque hay presos políticos”. Que las pasiones y el deseo de disentir no nos lleven a errores. En Cuba hay muy poca cultura jurídica, por lo que sugiero asesorarse al respecto», señaló.

Uno de los presentes que pidió no identificarse señaló que ha oído «a mucha gente» decir que pondrán un lema antigubernamental en la boleta del referendo. «Eso no va a cambiar el resultado, una boleta inválida no cuenta en estadísticas», advirtió. 

Otros de los presentes manifestaron preocupación por el Código Penal, que debe aprobarse en 2022, lo mismo que el Código de las Familias, pero que no será sometido a consulta popular ni referendo. 

Por su parte, Alejandro Mainegra se refirió brevemente a la apatía de una parte de la sociedad civil con respecto a los proyectos de ley en debate. 

«El problema grande no está aquí en la capital, está en Oriente. Cuando se debata en las provincias orientales. Por eso lo que hay que hacer es educarnos y educar hasta donde podamos», observó.

Una de las participantes, que no dijo su nombre pero se identificó como profesora de Derecho, dio sus impresiones sobre el debate: «Es necesario aclarar algunas cosas que están algo erradas sobre la polémica de la patria potestad y la responsabilidad parental. No se trata solamente del cambio de nombre de la institución. La consecuencia jurídica no es solo que a alguien se le suspenda o no, el cuidado de los hijos. Eso tiene una contraparte en el derecho que es la “autonomía progresiva”», explicó. 

Si se aprobara el nuevo Código de las Familias, reflexionó la jurista, «el menor deja de ser un objeto de derecho para convertirse en un sujeto de derecho». 

«Que sus padres, más que un poder sobre ellos, tengan una responsabilidad, la de protegerlos, de cuidarlos hasta que alcancen la capacidad plena para intervenir en el plano jurídico», deseó la experta.  

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