Activistas LGBTIQ+ exigen justicia al gobierno cubano para los manifestantes del 11J y todas las personas trans en prisión


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(Ilustración: Robertiko Ramos, Plataforma 11M)

La Plataforma 11M llamó la atención este jueves sobre los procesos políticos contra los manifestantes del 11 de julio de 2021 en Cuba, y particularmente denunció la situación de las personas LGBTIQ+ sancionadas.

En el texto, titulado «Declaración de Plataforma 11M ante las condenas del 11J y la vulnerabilidad de las personas LGBTIQ en el sistema carcelario de Cuba», la organización calificó las penas impuestas por los tribunales como «desproporcionadas» y añadió que «revelan la intención de escarmentar antes que educar o corregir».

La declaración llega poco después de conocerse la sentencia de Yoan de la Cruz, un joven gay que fue condenado a 6 años de cárcel esta semana. Su madre, Maribel Cruz, en declaraciones a Tremenda Nota, insiste en que Yoan solo transmitió en vivo por sus redes sociales la primera protesta reportada el pasado 11 de julio en el país, ocurrida en la ciudad de San Antonio de los Baños.

11M Cuba señaló en su comunicado que las personas LGBTIQ+ «son especialmente vulnerables dentro del sistema carcelario de Cuba».

«No hay garantías de que la orientación sexual e identidad de género de las personas que ingresan al sistema carcelario sean respetadas y protegidas tanto de la discriminación por parte de la población penal, como de la ejercida por el personal administrativo», dice la declaración.

La organización advirtió que el trato que reciben las personas trans es especialmente discriminatorio. «Está documentado que las personas trans son internadas de acuerdo con su sexo biológico, no a su identidad de género», denunciaron.

Se refirió además a la dificultad que tienen quienes portan el VIH para acceder a atención médica especializada cuando se hayan en prisión.

«En los días que siguieron a las protestas, diversos testimonios evidenciaron que la represión policial tuvo claros rasgos machistas, homofóbicos y transfóbicos», dice el texto.

«Hubo amenazas de violencia sexual, uso general de lenguaje homofóbico para humillar a las personas encarceladas, y negativa a reconocer la identidad de género de mujeres trans», especificó la plataforma.

11M recordó a las autoridades que «el derecho de manifestación pacífico está reconocido en el artículo 56 de la Constitución» y aprovechó para tomar posición pública sobre el carácter popular y legítimo de las manifestaciones.

«El estallido social del 11 y 12 de julio de 2021 no fue una operación incitada y organizada desde el extranjero, sino un ejercicio de soberanía popular», dijo la plataforma.

Los procesos a los manifestantes del 11J ocurren mientras el activismo LGBTIQ+ independiente, después de muchas tensiones con el gobierno durante los últimos años, apoya el proyecto de Código de las Familias, una ley que implementaría en Cuba el matrimonio igualitario además de otros derechos.

La futura ley, que se debatirá hasta abril de 2022 en consultas populares y luego será sometida a un referendo en fecha no determinada, ha sido usada en el discurso oficial como una evidencia del respeto a los derechos humanos en el país.

«Es paradójico que la actitud revanchista del gobierno se produzca en medio de la discusión y mejoramiento del anteproyecto del Código de las Familias, con características inclusivas y progresistas, proceso en el cual la ciudadanía se encuentra participando, mientras amistades, familiares, colegas o gente de la vecindad es sentenciada bajo el más escandaloso desamparo legal», observó 11M.

La organización, fundada en 2020, a un año de la marcha LGBTIQ+ que fue disuelta violentamente por la policía en La Habana, exigió a las autoridades la excarcelación de los manifestantes pacíficos y la reducción de condenas para quienes participaron en «actos vandálicos» como el saqueo de tiendas.

11M también pidió al Ministerio del Interior que actualice sus protocolos para evitar la discriminación por identidad de género y orientación sexual.

Tremenda Nota

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