Activistas LGBTI+ envían una carta al parlamento cubano sobre el Código de las Familias


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Capitolio de La Habana, sede del parlamento cubano (Foto: María Lucía Expósito)

Los activistas que promueven la campaña «Todos los Derechos Para Todas Las Personas», iniciada en 2018 y relanzada recientemente por el proyecto AfroAtenAs, enviaron esta semana una carta a Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, con varias solicitudes acerca del Código de las Familias.

La misiva está dirigida, además, a José Luis Toledo Santander, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos del parlamento, y al presidente de la comisión redactora del Código de las Familias, cuyo nombre no es público.

Dar a conocer la identidad de los miembros de esa comisión, así como el plazo que tienen para presentar el documento, son las primeras demandas de la carta.

Esta petición está motivada por la preocupación que tiene la comunidad LGBTI+ ante la escasa información disponible sobre el Código de las Familias, la ley que debe establecer en Cuba finalmente el matrimonio entre personas del mismo género.

El pasado 22 de marzo, como recuerda la carta de AfroAtenAs, el Consejo de Estado nombró una comisión que debe presentar el anteproyecto de ley. Sin embargo, no se conocen más detalles sobre el proceso.  

La carta de los activistas solicita que la comisión parlamentaria tenga en cuenta varios puntos esenciales. Entre ellos se encuentran el reconocimiento al derecho constitucional de todas las personas a fundar una familia, así como garantizar el acceso al matrimonio, la unión de hecho, la adopción y las técnicas de reproducción asistida, sin distinción por orientación sexual, identidad de género u otra causa de discriminación.

Por otra parte, sugieren «perfeccionar las instituciones de responsabilidad parental, ponderando el principio de socioafectividad por sobre la consanguineidad, de manera tal que no puedan privarse o suspenderse los vínculos filiatorios, limitarse las responsabilidades y la participación de padres, madres, familiares consanguíneos, y afines, en la crianza y cuidado de las niñas, niños y adolescentes; tomando como base la orientación sexual, identidad de género u otra causal de discriminación».

Al contrario de la posición expresada por numerosos activistas y por influyentes organizaciones LGBTI internacionales, los firmantes de la carta apoyaron la idea de celebrar un debate ciudadano y un referendo para adoptar o descartar el matrimonio entre personas del mismo género.

«Consideramos oportuno expresar nuestro respaldo al proceso de consulta popular al que se someterá el Código de las Familias pues permitirá abrir el diálogo en la sociedad cubana sobre los derechos sexuales y reproductivos, que son también derechos humanos», dice la carta.

El comité organizador de la campaña «Todos los Derechos Para Todas Las Personas», integrado por Adiel González, Annia Arboláez, Yadiel Cepero y Yoelkis Torres, precisó que la carta no tiene la intención de emitir criterios en nombre de toda la ciudadanía LGBTI+ de Cuba, por lo que recordaron que todo lo expresado era resultado de sus experiencias de vida y de los talleres realizados por el colectivo como parte de la iniciativa comunitaria «Matanzas Ciudad Inclusiva».

El texto llega un mes después de que el proyecto AfroAtenAs iniciara una nueva etapa de la mencionada campaña, que tiene como objetivos promover un Código de las Familias inclusivo y sumar voces de diferentes sectores de la sociedad cubana que defienden el derecho constitucional de las personas a fundar una familia, independientemente de su orientación sexual e identidad de género.

Otra de las solicitudes hechas por los jóvenes matanceros a la comisión del Parlamento cubano sugiere el establecimiento de «mecanismos para la prevención de todas las manifestaciones de violencia que involucran a las familias, así como para la protección a las víctimas».

Más adelante comentan el polémico hecho de que la disposición transitoria decimoprimera de la Constitución de 2019, la que establece el requisito de un referendo sobre el matrimonio LGBTI+, condiciona al voto mayoritario el principio de igualdad y no discriminación establecido en la ley.

Un voto  negativo, según los redactores de la carta, se contrapondría «a una norma imperativa de derecho internacional ampliamente reconocida en la Constitución vigente».

Al valorar este escenario posible, sugieren que, «independientemente de cuáles sean los resultados del referendo, instamos al parlamento a hacer efectivo el goce y el ejercicio irrenunciable, imprescriptible, indivisible, universal e interdependiente de los derechos humanos de las personas en correspondencia con los principios de progresividad, igualdad y no discriminación».

Por último, sostienen la necesidad de aprobar, además del Código de las Familias, una Ley de Identidad de Género y una Ley Integral contra la Violencia de Género.

Además, hicieron un llamado a las autoridades a «tipificar los crímenes de odio y continuar trabajando hasta que los derechos de la ciudadanía LGBTI+ sean debidamente reconocidos en todo el ordenamiento jurídico» y recomiendan al parlamento «consultar la opinión de otros colectivos, proyectos, iniciativas, activistas y personas que trabajan estos temas o son parte de la ciudadanía LGBTI+».

 

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