A la espera del Matrimonio Igualitario


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El día de su boda Mónica usó un vestido blanco de encaje y hombros descubiertos, puso un velo de tul sobre su cabello moldeado, tomó la mano de Elisabeth y colocó un anillo de bijouterie en su dedo. Elisabeth la besó y ambas dieron la única respuesta que anhelaban pronunciar: “sí, acepto”. ¿Es legal esa respuesta en Cuba?

Elisabeth Cabrera y Mónica Collazo se casaron. Fue en  2007 y más allá de las leyes cubanas que no contemplan el matrimonio igualitario. Se unieron simbólicamente en la sede del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex) de Cuba. Una puesta en escena. A efectos prácticos su unión carece de valor legal para compartir la custodia de los hijos que planean tener, para tener derechos patrimoniales en conjunto sobre la casa donde viven o la dulcería privada que administran en el barrio habanero de El Vedado. La ley no las reconoce como pareja a pesar de haber vivido juntas durante más de diez años. Sin embargo, ambas suponen que su situación podría cambiar en los próximos meses, en dependencia de la voluntad política de los más altos dirigentes cubanos.

Aun cuando los activistas LGBTI+ han abogado por que la  Asamblea Nacional del Poder Popular discuta un anteproyecto de Ley que modifique el actual Código de Familia y reconozca inicialmente las uniones consensuadas entre parejas del mismo sexo, hasta ahora no han alcanzado ninguna de estas metas. Sin embargo, la reforma constitucional prevista podría abrir la puerta definitiva a la aprobación en Cuba del matrimonio igualitario.

Así lo confirmó recientemente Mariela Castro Espín durante la conferencia de prensa inaugural de la XI Jornada contra la Homofobia y la Transfobia. La diputada dijo que aprovechará los cambios constitucionales previstos en julio para promover el matrimonio igualitario, en vez de las uniones consensuales. La legisladora y directora del Cenesex  también abogará por que se modifiquen los Códigos de Familia y Penal. “Cuando sea el cambio constitucional podemos presentar todas estas propuestas… la idea principal es no demorarlas en ley nueva e incorporarlas en las que ya existen para que sea más expedito”, explicó.

¿Cómo cambiar las leyes?

Cuando se reforme la ley de leyes cubana, para aspirar a la inclusión del matrimonio igualitario debe reestructurarse todo el ordenamiento jurídico nacional en materia de Derecho de Familia. Los legisladores deberán modificar primeramente la Constitución de la República (que en su artículo 36 define el matrimonio como “la unión voluntariamente concertada de un hombre y una mujer con aptitud legal para ello”), el Código de la Familia (Ley No. 1289 de 1975), la Ley No. 51 del Registro del Estado Civil y el Decreto Ley 76 sobre Adopción, además de otras disposiciones que regulan las instituciones y los principios de la familia como base de la sociedad, explica el abogado cubano Jovann Silva Delgado, estudiante de Maestría en Educación en la Universidad de Lamar, Texas.

El pueblo cubano celebrando el orgullo LGBTI+ (Foto: Yariel Valdés)

Para Silva Delgado la única esperanza de que finalmente se apruebe el matrimonio igualitario está en la voluntad política de cambiar la constitución para estos fines. Un posible cambio que resulta dudoso: durante las últimas cuatro décadas el Cenesx hael Cenesex ha elaborado varios anteproyectos del Código de Familia que que incluían determinadas modificaciones en relación a las uniones consensuadas. Hasta hoy ninguno de los borradores fue aprobado.

El expresidente Raúl Castro Ruz nunca asistió a las jornadas cubanas contra la homofobia y la transfobia. Por otro lado,, en la isla los diputados solo levantan la mano por las leyes que el gobierno impulsa como prioritarias. Y hasta hoy, igualar los derechos de la comunidad LGBTI+ y los de las personas heterosexuales no ha sido prioridad del país.

Aún si se recogiesen las 10 mil firmas requeridas para impulsar una iniciativa legislativa de origen popular, no se podría cambiar el concepto de matrimonio en la constitución. En primer lugar no existen precedentes: en Cuba ningún anteproyecto popular se ha concretado nunca. Y, de todas formas, “ningún anteproyecto podría modificar la constitución”, explica el abogado consultado consultado.

Mientras tanto, los derechos sobre el patrimonio logrado entre ambos miembros de una pareja LGBTI+ continúan desprotegidos. No son escasas las historias como la de Antonio García, quien después de la repentina muerte de su pareja expulsado de la casa donde vivieron durante 12 años en Arroyo Naranjo. “Cuando fui a ver a un abogado me aconsejó que desistiera. La familia de Rafael era la heredera en ausencia de un testamento. De un momento a otro me vi desamparado y en la calle”, cuenta este hombre de 53 años.

“los derechos sobre el patrimonio logrado entre ambos miembros de la pareja LGBTI+ continúan desprotegidos”

Durante un par de meses Antonio ignoró las advertencias de la familia de su pareja, no acudió a una citación en la unidad policial, visitó una decena de abogados. Dice que fueron dos meses de constante tensión, a sabiendas de que tendría que irse. “Una tarde cuando llegué de la emisora, me esperaba la exesposa de Rafael, acompañada de especialistas de Vivienda y Planificación Física. Allí me informaron que tenía que abandonar la casa”. Antonio suda, gesticula en demasía mientras habla y traga al recordar: “Me vi sin un techo, ni familia en La Habana hasta que unos amigos me ofrecieron un cuarto pequeño que tenían en el patio. Ahí he vivido los dos últimos años”.

Sin modificar el documento rector del país se puede cambiar el Código de Familia e incluir el reconocimiento legal de las parejas del mismo sexo para darle derecho a los bienes matrimoniales en común. Pero eso no sería suficiente para garantizar la igualdad de derechos entre todos los ciudadanos sin distinción de orientación sexual. Solo el matrimonio garantizaría a las parejas no heteronormativas la posibilidad de adoptar y participar en la reproducción asistida.

Más allá de los derechos patrimoniales, el abogado Silva Delgado explica que en las circunstancias actuales si uno de los dos miembros de la relación emigra, el cónyuge no puede valorar la reunificación familiar. “Esta decisión de incluir el matrimonio es necesaria y justa, y lo que haría es reafirmar el carácter supuestamente revolucionario que dice tener el gobierno cubano”, considera el especialista.

No tan liberales y revolucionarios

Cuba ha sido un referente en América Latina en cuanto a legislaciones avanzadas que defienden los derechos de grupos vulnerables (mujeres, campesinos, niños). Para la sociedad es un orgullo la práctica gratuita y universal del aborto, la existencia de una de las licencias de maternidad y paternidad más extensas de la región, así como la paridad en cuanto a derechos laborales. Pero esa imagen liberal y revolucionaria que el gobierno promueve se oscurece en cuanto a los derechos de las personas con una orientación no heterosexual.

Una pareja se besa en el mar en la costa cubana. Todo un desafío para los prejuicios homofóbicos de la isla (Yariel Valdés).

Desde el triunfo de la Revolución la comunidad homosexual sufrió discriminación y vejaciones. En el modelo social que se construía no había espacio para “esas degeneraciones”, en palabras de Fidel Castro. El gobierno no dudó en enviar a personas inocentes a campos de trabajo correctivo. Las Unidades Militares de Ayuda a la Producción (UMAP) fueron el espacio donde “los desviados” o “extravagantes” supuestamente se rehabilitarían para llegar a ser el “hombre nuevo”. Hasta hoy las UMAP siguen siendo la más vergonzosa expresión de intolerancia, de la cual el propio Fidel se responsabilizó públicamente, después que más de 30 mil cubanos habían sido perseguidos y extirpados de la sociedad como un mal.

Finalmente no fue hasta 1997 que se modificó el Código Penal cubano y se eliminaron las últimas referencias discriminatorias sobre la homosexualidad. Las políticas de estado cambiaron pero en gran medida se había condicionado la sociedad: Cuba era un país intolerante y homofóbico.

Desde entonces a la fecha el país ha avanzado en aceptación de la diversidad y en materia de educación sexual. El Cenesex ha respaldado a la comunidad  LGBTI+ y “ha ido educando a la sociedad en temas sexuales, ha predicado aceptación y, en los últimos 15 años, ha desarrollado constantes campañas para sensibilizar y romper con los prejuicios y actitudes discriminatorias que aún prevalecen”, resume el activista de la institución Ulises Padrón.

A pesar de que el trabajo del centro fue esencial para que en 2008 el Gobierno cubano aprobara la Resolución 126 del Ministerio de Salud Pública que permite financiar algunas cirugías de reasignación de sexo y tratamientos hormonales, o que finalmente se incluyera en el Código de Trabajo la no discriminación en cuanto a orientación sexual, algunas voces desde el activismo independiente presentan la labor del centro como retoque de fachadas. Un maquillaje que busca aparentar mayor tolerancia y venderla al mundo, sin realizar cambios sustanciales.

Para el ensayista cubano Abel Sierra Madero, el proyecto del Cenesex es seductor en el ámbito internacional “porque resulta novedoso para la tradición revolucionaria”. Ofrece un espejismo de ruptura, cuando en realidad es una continuación y readecuación del discurso institucional en función de una estrategia y políticas muy claras. El Cenesex tiene el monopolio discursivo para hablar sobre el tema.

Una República ¿con todos?

Hay quienes  justifican la actitud reacia de los decisores cubanos ante el matrimonio igualitario con el pretexto de que la sociedad no está preparada para asimilar estas uniones.

Una bandera LGBTI+ flamea junto a la bandera nacional durante las marchas del orgullo. (Foto: Yariel Valdés)

Siguiendo esa lógica, si fuéramos a esperar que el machismo desapareciera en Cuba para impulsar políticas de género, las mujeres apenas tendrían participación política; aún existiría racismo institucional porque la gente sigue siendo racista. De esta manera, los derechos humanos quedarían en pausa hasta que fueran convenientes y votados por todos.

“No hay que esperar a que nuestra sociedad acepte la unión entre dos personas del mismo sexo para plasmarlo en las leyes. La adopción de esta medida a nivel de estructura legislativa hace que la sociedad evolucione”, concluye Silva Delgado.

El gobierno de Cuba se presenta al mundo como el garante de un sistema social basado en la equidad y justicia entre sus ciudadanos, pero hasta hoy limita los derechos de una parte de su población. A decir de la Máster en Estudios de Género Sandra Álvarez ese hecho puede leerse como “una evidencia de la homofobia estructural que aún persiste y que legitima cierta ciudadanía de segunda”.  

“A una parte de la población cubana se les está impidiendo el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos, y no solo estos, también patrimoniales, familiares, educacionales, etc, por el hecho de ser personas homosexuales o con identidades de género no heteronormativas”, escribió la sicóloga en la plataforma web Cuba Posible.

Aún así, hasta ahora el gobierno hace la vista gorda y olvida que construir un país con todos y todas es, esencialmente, no privar a nadie de sus derechos.

 

 

 

Es hora de que la sociedad cubana se quite la careta en cuanto a derechos para la comunidad LGBTI+ (Foto: Yariel Valdés)

Claudia Padrón Cueto

Claudia Padrón Cueto

Nació en Pinar del Río en los años 90 pero ha eligido para vivir La Habana y su caos. Es incapaz de llegar a algún lugar sin perderse antes. Rompe con un par de estereotipos de lo que se espera de una persona cubana: nunca ha bebido café y no le gusta la salsa. Es periodista porque no ha sabido, ni querido, ser indiferente a las demás personas. Y porque cree que aún queda demasiado por mostrar. Tiene la romántica idea de quedarse para contar su país.

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