Economía: Lo que no dice la futura Constitución de Cuba


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La posible nueva Constitución de Cuba no traerá cambios profundos a la economía del país.

La propuesta de Carta Magna solo da base constitucional a medidas impulsadas durante la última década. Aun así, varios cambios en los fundamentos económicos están entre las proposiciones más relevantes del texto, al menos si se comparan con la ley vigente.  

En el Proyecto de Constitución se mantienen inamovibles el rol central del Estado, la dirección planificada de la economía, la propiedad socialista de todo el pueblo sobre los medios fundamentales de producción, y la empresa estatal como principal sujeto económico.

El reconocimiento del papel del mercado constituye uno de los saltos cualitativos más notables en la propuesta de ley suprema. Así Cuba da un paso en la misma dirección que Viet Nam y China, países de ideología comunista que adoptaron una economía de mercado.

Entre las novedades, el artículo 21 del Proyecto reconoce seis formas de propiedad, incluida la propiedad privada (eliminada oficialmente desde 1976) “que se ejerce sobre determinados medios de producción, de conformidad con lo establecido”. No obstante, “el Estado estimula aquellas de carácter más social” y “regula que no exista concentración de la propiedad en personas naturales o jurídicas no estatales”.

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La legitimación de la propiedad privada tiene lugar en un contexto de pronunciamientos contra la acumulación de riquezas y de reordenamiento del trabajo por cuenta propia, un sector económico que ya emplea al 13 % de la fuerza laboral en el país.

La inversión extranjera ahora es promovida por el Estado y queda definida en la Constitución como “elemento importante para el desarrollo económico del país”, con las debidas garantías.

Este giro no sorprende, pues desde la aprobación en 2014 de la Ley 118 de la Inversión Extranjera  Cuba realiza grandes esfuerzos para atraer capital foráneo. En agosto pasado se aprobaron nuevas legislaciones para acelerar la concreción de negocios y alcanzar más de 2 mil millones de dólares cada año, aunque de 2014 al el cierre de 2017 la cantidad conseguida solo rondaba los 4 mil.

 La futura Constitución ajustará el cuerpo legal cubano a la realidad del país, pero no implicará cambios profundos en la economía del país. (Foto: Lía Vega).

Propuestas más allá del Proyecto

En alguna medida, los cubanos han aprovechado el debate público sobre el Proyecto de Constitución para referirse a asuntos medulares para la economía doméstica que no menciona el texto. Las discusiones populares del proyecto de Carta Magna se extenderán por tres meses ―desde el 13 de agosto hasta el 15 de noviembre de 2018― en barrios y centros de estudio y trabajo.

La Constitución reconoce al trabajo como fuente principal de ingresos que sustenta la realización de los proyectos individuales. Que el salario permita resolver satisfactoriamente las necesidades y aumentar la calidad de vida es una de las propuestas más difundidas por estos días.

En la Isla el salario medio es de 767 pesos mensuales (aproximadamente 1 dólar diario), según cifras de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información publicadas este año. En los sectores de la educación, cultura, deporte, servicios comunales, administración pública y defensa la remuneración es menor a 549 pesos. Sin embargo, miles de trabajadores todavía perciben un salario básico de 275 pesos (11 dólares mensuales).

Por otro parte, muchos ciudadanos han pedido que la Carta Magna especifique cuál es la moneda de Cuba. En octubre del 2013 el periódico Granma anunciaba el inicio del proceso de la unificación monetaria, pero cinco años después continúa la espera por el “día cero”.

La doble moneda es uno de los principales dolores de cabeza para los cubanos, que son remunerados en su mayoría con pesos cubanos (Moneda Nacional), pero deben pagar bienes y servicios en pesos convertibles (CUC). A esta situación se suma la dualidad cambiaria. Mientras que la tasa de cambio para las personas naturales asciende a 25 pesos por 1 CUC, para las personas jurídicas es de 1 por 1, lo cual enrarece los cálculos del desempeño económico del país.

Otra sugerencia reiterada ha sido que la Constitución también apruebe la inversión nacional. Esta opción, que hasta donde se conoce no ha sido considerada por las autoridades de la Isla, permitiría a personas con ciudadanía cubana ―residentes dentro del país― invertir capital en negocios más allá de los aprobados para el trabajo por cuenta propia.

Sin embargo, para que cualquiera de estas propuestas sea añadida al texto de la Constitución antes deberá ser analizada y aprobada por el Parlamento cubano. La Asamblea Nacional del Poder Popular evaluará las opiniones de la ciudadanía registradas durante las reuniones de consulta popular antes de aprobar la Constitución de la República que será sometida a referendo popular el 24 de febrero de 2019.

Infografía

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